Este miércoles se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52 y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública, sobre el nombramiento y destitución de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los ciudadanos Idalia Zepeda, Gustavo Acosta, Geraldina Castillo, Susy Bonilla y Vladimir Melara, miembros del FMLN, en su calidad de ciudadanas y ciudadanos presentaron este miércoles una demanda de Inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra de los artículos 52 y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que permiten al Presidente de la República nombrar y remover a los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“Hemos presentado esta iniciativa, esperando que la Sala se pronuncié, esperamos que la sala de lo constitucional pueda resolver favorablemente a nuestra petición y enviar a la Asamblea Legislativa a legislar en función de tener un proceso democrático, y que garantice los derechos de las ciudadanía”, expresó la ciudadana, Idalia Zepeda.
Idalia Zepeda, consideró que están violándose principios constitucionales al permitir que sea el mismo presidente de la República quien nombre las unidades de acceso a la Información Pública de todo el Ejecutivo, y aparte, sea él mismo quien nombre a todos los comisionados del IAIP y los destituya.
“Nosotras y nosotros creemos que se debe fortalecer la institucionalidad del Estado y sobretodo respetar la independencia de este Órgano tan importante. Es necesario que haya un ente contralor de las oficinas del IAIP; el instituto no solamente debe mantener su independencia del Ejecutivo, sino también asegurar el derecho ciudadano de tener acceso a la información pública, en función de la transparencia y de la anticorrupción”, agregó Zepeda.
“Nos preocupa que hemos visto ultimadamente muchísimos casos desde los medios de comunicación, desde la ciudadanía en que funcionarios del Ejecutivo se ven involucrados en actos de corrupción y estos casos se deben fortalecer con información que puede salir de las oficinas de acceso a la información, de las instituciones del Estado. Si esto no es transparente y no es eficiente se corre peligro que esta información no esté llegando a la ciudadanía y por ende se estén violentando sus derechos”, concluyó.
Por: Verdad Digital.