¿Incapacidad manifiesta o show propagandístico?

Ministra Karla Trigueros y militar hondureño. Foto cortesía.

Por: Alcides Herrera

La escena ocurrida en la frontera entre El Salvador y Honduras, protagonizada por la ministra de Educación salvadoreña, no puede verse únicamente como un incidente administrativo. Lo sucedido revela elementos más profundos sobre la forma en que el gobierno de El Salvador está utilizando la política exterior, la comunicación gubernamental y hasta la imagen de la niñez para construir narrativas políticas internas.

El conflicto comenzó cuando autoridades salvadoreñas intentaron ingresar paquetes escolares para estudiantes salvadoreños residentes en territorio hondureño, acompañados por elementos militares. La respuesta del gobierno de Honduras fue impedir el ingreso, argumentando que su Constitución establece restricciones claras para la entrada de fuerzas militares extranjeras sin autorización legislativa. A partir de ahí, el hecho se convirtió rápidamente en un espectáculo mediático.

Existen al menos dos formas de interpretar lo sucedido.

La primera interpretación apunta a una preocupante incapacidad institucional. Si la ministra y su equipo desconocían que el ingreso de personal militar extranjero requiere procedimientos diplomáticos y constitucionales específicos, entonces el problema es grave. Las relaciones entre Estados no funcionan mediante improvisaciones ni gestos propagandísticos. Mucho menos cuando se trata de dos países vecinos con una historia regional sensible y compleja. Un Ministerio de Educación no puede actuar ignorando normas básicas de soberanía y derecho internacional. En este escenario, la actuación de la ministra reflejaría debilidad técnica, ausencia de asesoría competente y un estilo de gobierno donde la improvisación sustituye la planificación seria.

Pero existe una segunda interpretación, quizás más inquietante: que nada fue improvisado.

La rapidez con que se construyó la narrativa pública hace pensar que el incidente pudo haber sido calculado. Desde el inicio aparecieron elementos emocionalmente eficaces: niños esperando útiles escolares, un gobierno “solidario” impedido por otro Estado, y un discurso que intenta contrastar “la eficiencia salvadoreña” frente a la supuesta indiferencia hondureña. Todo esto encaja perfectamente en la lógica comunicacional del gobierno de Nayib Bukele, donde los acontecimientos políticos suelen transformarse en espectáculos mediáticos orientados al consumo interno.

En ese caso, la ministra no habría actuado desde la ignorancia, sino desde un libreto cuidadosamente diseñado para producir indignación, victimización y cohesión política. El problema es que, bajo esta lógica, los niños dejan de ser sujetos de derechos y se convierten en instrumentos narrativos.

Y aquí aparece el aspecto más delicado del episodio.

Si realmente existía preocupación por los estudiantes salvadoreños en Honduras, resulta difícil explicar por qué la entrega de paquetes escolares ocurre cuatro meses después de iniciado el año lectivo. La educación no parece haber sido la prioridad central. La prioridad parecía ser la fotografía política: la ministra frente a la frontera, los militares acompañando la escena, las cajas retenidas y el discurso de confrontación.

El incidente también refleja una tendencia más amplia del actual gobierno salvadoreño: trasladar la política del espectáculo a todos los ámbitos del Estado. Lo que antes pertenecía al terreno de la propaganda digital ahora invade las relaciones internacionales. Cada conflicto puede convertirse en contenido político; cada tensión diplomática, en oportunidad propagandística.

Sin embargo, este tipo de estrategias tiene costos. Deteriora la relación con países vecinos, banaliza las normas diplomáticas y utiliza problemas reales de la población como piezas de comunicación política. Además, fortalece una cultura donde la emoción reemplaza al análisis y donde la propaganda intenta imponerse sobre los hechos.

En cualquiera de las dos interpretaciones, incapacidad o montaje, el resultado es preocupante. Porque en ambos casos los niños quedan relegados. O fueron víctimas de incompetencia institucional o fueron utilizados para construir una narrativa política conveniente.

Y eso dice mucho más sobre el gobierno que sobre la frontera.