Por: Ulises Soriano
En la era de la posverdad y la polarización extrema, la fabricación de narrativas falsas se ha convertido en una estrategia predilecta para deslegitimar a las voces críticas. Un ejemplo alarmante de esta práctica ocurrió este día, cuando el diputado salvadoreño Christian Guevara publicó en su cuenta oficial de la red social X una presunta «nota de duelo» atribuida a la organización defensora de derechos humanos Cristosal.
La imagen compartida por el legislador oficialista muestra el logotipo de Cristosal y la fotografía de un presunto miembro de pandillas con alas de ángel, simulando un homenaje institucional ante su fallecimiento. Sin embargo, la falsedad del montaje es burda y evidente. Sobre la publicación original se ha superpuesto un enorme sello rojo con la palabra «FALSO», una contramedida que la propia organización —o plataformas de verificación— han tenido que activar de inmediato para frenar el impacto de la desinformación.
La estrategia del «enemigo interno»
El propósito de este tipo de publicaciones no es el debate de ideas ni la fiscalización pública, sino la construcción de un enemigo ideológico. Al intentar vincular falsamente a una organización de derechos humanos con la apología o el luto por estructuras criminales, se busca sembrar en la opinión pública la narrativa de que defender las garantías constitucionales equivale a defender la delincuencia.
El peligro de la desinformación institucional: Que ciudadanos particulares difundan esquemas falsos en internet es un reto cotidiano; que lo haga un funcionario público, con un distintivo de verificación azul y miles de seguidores, es un acto de irresponsabilidad democrática.
Este ataque no es un hecho aislado. Se suscita en un contexto donde organizaciones como Cristosal han documentado y denunciado de manera sistemática abusos de poder, detenciones arbitrarias y violaciones flagrantes al debido proceso. Al verse desprovisto de argumentos jurídicos o estadísticos sólidos para contrarrestar los informes técnicos, el oficialismo recurre a la manipulación visual y el impacto emocional.
Como periodistas, nuestra labor frente a estos escenarios debe ir más allá de la simple denuncia.
Desarmar la matriz de opinión: Es imperativo demostrar la falsedad del contenido de forma explícita, identificando las inconsistencias del diseño y la clara intención de dolo.
Exigir rendición de cuentas: Los funcionarios públicos están sujetos a un estándar ético mayor. Utilizar plataformas institucionales para propagar infundios socava el tejido democrático y expone a los activistas humanitarios a riesgos reales de violencia y persecución.
Evitar la normalización: No se puede catalogar este tuit como «un error de comunicación» o «sátira política». Es un intento coordinado de deslegitimación institucional a través de una mentira fabricada.
La publicación del diputado Guevara es un recordatorio de que la verdad histórica se defiende bloqueando la mentira en tiempo real. Cuando el poder político sustituye el debate de datos por el diseño de imágenes apócrifas, queda al descubierto la debilidad de sus propios argumentos.
Los derechos humanos no defienden criminales; defienden la legalidad que evita que cualquier ciudadano —incluidos los propios gobernantes en el futuro— quede a merced del arbitrio y el abuso de un Estado sin contrapesos.