Por: César Villalona
1 de noviembre de 2026
En el país hay un déficit de 1,482,826 viviendas (77% de las familias), según el reciente estudio del Banco Central de Reserva (BCR) titulado “El déficit Habitacional en El Salvador”. Dicho déficit incluye a 212,473 hogares que necesitan viviendas y 1,270,353 que requieren mejoras en sus casas.
El estudio también arroja estos datos:
1,167,748 hogares no tienen desechos de aguas residuales
1,074,423 hogares tienen problemas de acceso al agua
665,275 hogares tienen problemas de recolección de basura
627,140 hogares carecen de servicios sanitarios adecuados
233,565 hogares carecen de pisos adecuados
150,133 hogares carecen de paredes adecuadas
307,010 hogares están hacinados (más de dos personas por habitación)
Otro grave problema es el encarecimiento de los alquileres. El “Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025”, del Banco de Desarrollo de América Latina, muestra que los alquileres mensuales oscilan entre $200 y $400 en zonas populares y entre $600 y $1,000 en sectores medios. Estos costos contrastan con el bajo salario promedio nacional, que es de $533 para hombres y $415 para mujeres, según la Encuesta de Hogares de 2025.
Aunque la misión del Ministerio de Vivienda es “mejorar la calidad de vida de las familias en extrema pobreza, mediante la inversión en vivienda adecuada y asequible”, su presupuesto de $13.7 millones -de los cuales hasta septiembre solo había gastado $3.9 millones- no alcanza para construir ni 80 casas.
Pese al enorme déficit habitacional, la ministra de Vivienda, en vez de exigir un mayor presupuesto, afirmó que para adquirir una casa basta con ahorrar o recibir una herencia. La funcionaria debería saber que la “Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera” del BCR demuestra que un estimado del 93% de la población no puede ahorrar para comprar una vivienda, ya sea porque sus ingresos son muy bajos o porque su margen de ahorro es mínimo.
El desinterés gubernamental por resolver la crisis habitacional se evidencia en que los 122 proyectos inmobiliarios en curso, ejecutados por empresas constructoras privadas que reciben incentivos fiscales, priorizan las torres y residenciales de lujo. Ninguno cubre las necesidades de las familias pobres o de bajos recursos.