En El Salvador, la discusión sobre la deuda pública debería ir acompañada de una pregunta fundamental: ¿esa deuda ha servido para reducir la pobreza y mejorar la vida de la gente?
Durante los gobiernos de ARENA (1994-2009), la pobreza pasó de 52.4% a 40.6%. Es decir, en tres periodos presidenciales se redujo 12.4%. En esos años el país adquirió alrededor de $10 mil millones en deuda, pero además se privatizaron y vendieron buena parte de los activos del Estado. La promesa era que el mercado traería desarrollo y bienestar; sin embargo, millones de salvadoreños siguieron migrando y sobreviviendo en condiciones precarias.
Con los gobiernos del FMLN (2009-2019), la pobreza bajó de 40.6% a 22.8%, una reducción de 21.8%. La deuda creció alrededor de $9 mil millones en dos gobiernos. Más allá de las críticas que puedan hacerse a esa etapa, los datos muestran una reducción más acelerada de la pobreza, impulsada por programas sociales, subsidios y mayor inversión pública.
En 2019 inició el gobierno de Nayib Bukele. Según datos del Banco Mundial, la pobreza aumentó durante los primeros años hasta alcanzar 27.2%. Posteriormente, la EHPM sostiene que en 2025 bajó a 22.5%. Sin embargo, en estos siete años la deuda pública ha crecido en aproximadamente $14 mil millones, la cifra más alta en el menor tiempo.
Esto deja una interrogante preocupante: ¿cómo se justifica un endeudamiento tan acelerado si los niveles de pobreza apenas regresan a cifras similares a las de 2019? La deuda no es mala por sí sola; el problema aparece cuando el dinero público no se traduce en mejores hospitales, educación, empleo digno o reducción sostenida de la desigualdad.
El país necesita transparencia sobre el uso de los préstamos y una discusión seria sobre el modelo económico. Porque al final, la deuda la paga el pueblo, pero los beneficios no siempre llegan al pueblo.
Por Alcides Herrera.