09/06/2026
El gobierno de El Salvador, gobernado por Sánchez Cerén, firmó un contrato de prestamo por $170 millones para el Programa Integral de Salud II. Ante la falta de información y manipulación del actual gobierno, la población se pregunta ¿Dónde están los $170 millones. Esta pregunta la población lo hace por que el presidente Bukele el 15 de junio de 2023 expresó que no sabía del prestamo. Aunque un día antes su gobierno había firmado la modificación No. 5 que hizo importantes recortes. En esta nota periodística queremos profundizar en el componente 1 con información del BID.
Aquí te dejamos el enlace para que puedas consultar directamente: https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1095
Mientras el gobierno sostiene que el sistema de salud vive una transformación histórica, documentos oficiales del préstamo 3608/OC-ES del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestran una realidad más compleja: el componente destinado a fortalecer la atención primaria de salud recibió casi ocho millones de dólares adicionales, pero varias de sus principales metas de infraestructura y cobertura territorial fueron reducidas.
La situación quedó plasmada en la Modificación No. 5 del contrato de préstamo, aprobada tras la salida de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) como entidad coejecutora del programa.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo puede aumentar el presupuesto mientras disminuyen las obras previstas?
Un componente con más recursos
El Componente 1, orientado al fortalecimiento de las redes integradas e integrales de salud, pasó de un presupuesto de 43.9 millones de dólares a 51.7 millones, un incremento cercano a 7.8 millones de dólares.
En términos porcentuales, su participación dentro del préstamo total aumentó del 26 % al 27 %.
Sin embargo, el aumento financiero no se tradujo en una expansión proporcional de las metas físicas.
Menos equipos comunitarios
Uno de los primeros cambios aparece en los Equipos Comunitarios de Salud Familiar.
El diseño original contemplaba la creación de al menos 33 equipos comunitarios. Tras la modificación, la meta se redujo a 15 equipos.
El documento argumenta que estos equipos incluirán personal médico y no médico, equipamiento y medicamentos, pero el resultado es una reducción superior al 50 % en la cantidad inicialmente prevista.
Los Equipos Comunitarios de Salud son fundamentales para la atención preventiva, el seguimiento de enfermedades crónicas y la vigilancia epidemiológica en las comunidades.
Menos unidades de salud nuevas
La reducción también alcanza la infraestructura.
El contrato original proyectaba construir al menos 30 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) Básicas y equipar al menos 32.
La modificación reduce la meta a:
• Construcción y/o remodelación de 11 UCSF Básicas.
• Construcción y/o remodelación de 7 UCSF Intermedias.
• Construcción y/o remodelación de 2 UCSF Especializadas.
Aunque el nuevo esquema incorpora diferentes niveles de complejidad, el número de nuevas construcciones previstas disminuye considerablemente respecto al diseño original.
Hogares maternos: las principales afectadas podrían ser las mujeres rurales
Uno de los recortes más sensibles es el relacionado con los hogares de espera materna.
Estos espacios permiten que mujeres embarazadas de zonas rurales o de difícil acceso permanezcan cerca de centros hospitalarios antes del parto, reduciendo riesgos obstétricos.
Inicialmente se contemplaban al menos tres hogares de espera materna.
La Modificación No. 5 reduce la meta a uno solo.
La decisión podría afectar especialmente a mujeres de comunidades alejadas que dependen de estos servicios para acceder oportunamente a atención especializada.
Menos saneamiento en las unidades de salud
Otro ajuste importante aparece en los sistemas de manejo de aguas residuales y residuos bioinfecciosos.
El proyecto original buscaba normalizar estos sistemas en al menos 350 unidades de salud.
La modificación reduce la cobertura a aproximadamente 116 unidades.
Esto significa que cerca de dos terceras partes de las unidades originalmente contempladas quedaron fuera de la intervención.
En un sistema sanitario donde el manejo adecuado de residuos es clave para prevenir infecciones y riesgos ambientales, el cambio representa una reducción significativa del alcance inicial.
Desaparecen los cuatro centros especializados
Quizás la modificación más llamativa es la relacionada con los Centros de Referencia de Atención Especializada (CRAE).
El proyecto original contemplaba cuatro centros ubicados en:
• San Salvador.
• San Miguel.
• Santa Ana.
• Santa Tecla.
Estos centros beneficiarían a unas 690 mil personas.
Con la modificación, los CRAE desaparecen como figura programática.
En su lugar se crea al menos un Centro de Atención de Enfermedades No Transmisibles (CENT) ubicado únicamente en el departamento de San Salvador y con cobertura estimada para un millón de personas.
En la práctica, San Miguel, Santa Ana y Santa Tecla dejan de contar con los centros especializados originalmente prometidos.
Más beneficiarios en el papel
Paradójicamente, mientras las obras disminuyen, la cantidad de beneficiarios reportados aumenta.
El diseño inicial hablaba de aproximadamente 1.2 millones de beneficiarios.
La modificación eleva esa cifra a aproximadamente 2.3 millones de personas.
También se amplía la cobertura territorial.
El programa deja de concentrarse únicamente en las zonas Norte y Sur del departamento de San Salvador y pasa a incluir municipios priorizados en cinco regiones de salud a nivel nacional.
Sobre el papel, el proyecto adquiere una dimensión más amplia.
La interrogante es si esa ampliación podrá materializarse con menos infraestructura y menos equipos comunitarios de los previstos originalmente.
Un balance contradictorio
La Modificación No. 5 deja un panorama difícil de resumir en blanco y negro.
Por un lado, amplía la cobertura territorial, duplica la cantidad de beneficiarios proyectados y fortalece la sostenibilidad financiera futura.
Por otro, reduce significativamente metas físicas concretas: menos equipos comunitarios, menos hogares maternos, menos saneamiento ambiental y menos centros especializados.
Los principales afectados parecen ser las poblaciones que dependen de servicios descentralizados de salud: mujeres rurales, comunidades alejadas de San Salvador y usuarios que esperaban una mayor oferta de atención especializada en el interior del país.
La pregunta que queda abierta es si los 7.8 millones de dólares adicionales producirán mejores resultados sanitarios o si, por el contrario, terminarán reflejando una tendencia cada vez más frecuente en la gestión pública: más cobertura anunciada en los documentos y menos infraestructura tangible para la población.
Por: Prensa Izcanal.