Por: Alcides Herrera
23/05/2026
Las recientes publicaciones del gobernador de Usulután, Héctor Valle, muestran una peligrosa práctica que en El Salvador ya se está normalizando: utilizar obras públicas y recursos del Estado para hacer propaganda partidaria.
En las imágenes aparece entregando bolsas de cemento para la reparación vial en el caserío Tres Postes, Santa Elena, junto a estructuras vinculadas a Nuevas Ideas. El problema no es informar sobre una obra; el problema es convertirla en propaganda política.
La Constitución lo prohíbe claramente
El artículo 218 de la Constitución de la República dice textualmente:
“Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley.”
No hay ambigüedad. Un gobernador no puede utilizar su cargo para promover a un partido político. Aquí tiene el presidente Bukele un caso claro, si quiere poner “ley y orden” en el país.
¿Qué ocurre en este caso?
La publicación atribuye la obra al “liderazgo” de Nayib Bukele y menciona directamente a Nuevas Ideas y al equipo de Xavi Zablah Bukele. Eso cruza la línea entre informar y hacer proselitismo.
Las obras públicas:
* No son regalos del partido oficial.
* No son favores personales.
* Son obligaciones del Estado financiadas con impuestos de la población.
El problema de fondo
Cuando funcionarios usan obras públicas para fortalecer la imagen de un partido, se crea una lógica peligrosa: hacer creer que los derechos ciudadanos dependen de apoyar políticamente al gobierno.
Eso debilita la democracia y destruye la neutralidad que debe tener el Estado.
También podría violar la Ley de Ética
La Ley de Ética Gubernamental prohíbe:
* usar recursos públicos con fines partidarios;
* prevalerse del cargo para propaganda política;
* utilizar bienes del Estado para beneficiar estructuras políticas.
Por eso surgen preguntas legítimas:
* ¿Quién financia los materiales y la obra?
* ¿Se usan recursos públicos para promover a Nuevas Ideas?
* ¿El gobernador actúa como funcionario o como dirigente partidario?
El riesgo de normalizarlo
Muchos ya ven estas prácticas como algo “normal”. Pero precisamente para evitar eso existe el artículo 218: impedir que un partido se adueñe del Estado.
Un gobernador debe representar a toda la población, no actuar como operador político del oficialismo.
Porque cuando el Estado y el partido se convierten en lo mismo, la democracia empieza a desaparecer.