Por: Radio YSUCA.
El derecho de la población a una vivienda digna.
La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otras cosas, la vivienda. En el artículo 25 de la Declaración, la vivienda se asocia a la definición de un nivel de vida adecuado y el artículo 23 hace referencia a la residencia y al derecho libre de los ciudadanos y ciudadanas a residir donde lo deseen.
La jurisprudencia nacional e internacional considera el acceso a la vivienda como un derecho humano. La Constitución salvadoreña no reconoce expresamente el derecho a la vivienda digna. Tampoco hay una referencia explícita al concepto de vivienda adecuada. No obstante, sí hay referencias constitucionales que pueden relacionarse con vivienda digna y vivienda adecuada como un derecho humano, particularmente para sectores vulnerables.
Miles de familias salvadoreñas no cuentan con una vivienda adecuada y por tanto se requiere la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso, la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. En el hogar no solo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, convivencia, protección y cuido de la familia y la comunidad. En pocas palabras, es una necesidad básica de la condición humana.
¿Cumple El Salvador con la garantía del derecho a una vivienda adecuada?
Jesús Alfaro, de 47 años, desde su infancia vivió con sus padres en la Finca El Espino, ubicada en Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad. Hace tres años fueron desalojados de la finca, luego que la familia Dueñas permutara la finca para la ampliación del bulevar Monseñor Romero.
215 familias que eran colonos de la finca fueron desalojadas el 16 y 17 de mayo del 2018, por un juez de paz de Antiguo Cuscatlán, con el apoyo de la Policía Nacional Civil.
Camas, sillas, mesas, barriles y ropa fueron arrojados a la calle, por lo que las familias afectadas decidieron ubicarse en la zona verde del bulevar Cancillería y proteger sus pertenencias con plástico donado, para cubrirlos de las lluvias.
Jesús Alfaro narró que por tres años vivieron en las calle junto a su esposa y dos hijos. Casi más de un año no tuvieron agua, luz, ni las condiciones dignas y humanas para vivir. La calle fue su hogar, recuerda Jesús.
Jesús Alfaro dijo sentirse impotente en ese momento pues no tenía a dónde llevar a su familia y a veces ni qué comer. Gracias al apoyo de gente de buen corazón comían, dice don Jesús. Tras una larga lucha, los habitantes de la finca El Espino, en Antiguo Cuscatlán, consiguieron que el Gobierno les donara unos terrenos paralelos a la propiedad del Ministerio de Hacienda para construir un complejo habitacional.
Jesús Alfaro dijo que esos fueron momentos duros. Ahora, cuentan con un hogar tras una lucha de muchos años. Aseguró que aún no tienen una vivienda digna, pero tienen un hogar con los servicios básicos.
Luego de tres años de vivir en la calle, a inicios de enero del 2021, el Gobierno les dio las llaves de sus casas. Ese hogar fue gracias a la lucha comunitaria.
Don Jesús Alfaro insta al Estado a no dejar que más familias pasen por lo que él y su familia pasó. Incluso don Jesús cuenta que una familiar que tiene cómo pagar una casa nueva, el problema es que no cumple con todos los requisitos que piden las instituciones del Estado para poder adquirir la vivienda.
Vivienda y hábitat: deuda histórica del Estado salvadoreño.
En El Salvador, históricamente ha existido una situación de desigualdad que ha sido propiciada por el sistema económico dominante, y sus diferentes modelos, que han permitido la acumulación de la riqueza en pocos grupos. Partiendo de la segunda mitad del siglo XIX, con el establecimiento de la industria del café, se produce una concentración y centralización de la riqueza que determina el funcionamiento de la economía, y permite el crecimiento de una clase social de terratenientes cuyas fuentes fundamentales de riqueza eran la industria y el cultivo del café.
Lo anterior propició la acumulación de tierras por un grupo reducido de familias, dejando en completa desventaja a las familias campesinas. A pesar de los intentos de revertir dicha desventaja, en el lapso de 1932-1979 bajo el programa de Mejoramiento Social se distribuyen cerca de 62 mil hectáreas de tierra, esta distribución benefició a un aproximado de 14,500 familias, asignándose cerca de 4.3 hectáreas por familia. Sin embargo, fue hasta 1980 que por medio de la Ley Básica de la Reforma Agraria que se realizaron acciones de expropiación sobre las mayores concentraciones de tierra.
La llamada transformación agraria terminó de configurarse en 1983 con la nueva Constitución de la República. Lo más relevante fue que se modificó la estructura de tenencia de tierra y, además, se buscaba reforzar al sector cooperativo.
A pesar de dichos esfuerzos surgen dos principales problemáticas: la primera es que se calcula que 200,000 familias agricultoras nunca han sido beneficiadas por el programa de la reforma agraria de 1980 o las distribuciones resultantes por los Acuerdos de Paz de 1992; lo cual influye en que las formas más comunes de tenencias de tierra son por medio de arrendamiento o aparcería, siendo formas de mera tenencia, no de dominio, que permitiría un alto grado de seguridad jurídica sobre la posesión de la tierra.
La segunda problemática se resume en que los esfuerzos de distribución de la tierra han sido basados en un modelo de producción que responde a los intereses del mercado, en sentido que se ha tratado de satisfacer cierto tipo de necesidades de desarrollo agrícola, sin tomar en cuenta al individuo y su inherente derecho a tenencia de tierra para uso habitacional. Y es que el modelo económico de El Salvador se basa en el sistema capitalista y de libre mercado.
Intentan desalojar a beneficiarios de la reforma Agraria.
La cooperativa Hacienda Normandía, ubicada en el departamento de Usulután, ha enfrentado varios procesos legales. Son más de 700 familias las que siguen luchando por no perder sus tierras que les han querido quitar tres personas que afirman ser legítimos propietarios. Uno de ellos es Roberto Jorge Bukele Simán, quien mediante uno de sus representantes legales, el actual secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, ha intentado quedarse con las tierras.
Son más de 3,000 personas las que viven en la Hacienda Normandía, una cooperativa de productores agrícolas y ganaderos, que desde 1980 fueron beneficiados con la Reforma Agraria.
En el año 1980, como parte de la primera etapa de la Reforma Agraria, se autorizó al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) para que tomara posesión de dicho inmueble y se conformara la Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria “Normandía” como los nuevos beneficiarios de la nueva política de redistribución de tierras.
Desde entonces, los campesinos comenzaron a trabajar la tierra, que en total suma 1,300 manzanas, incluyendo el terreno del asentamiento de los asociados. La titularidad de dicho inmueble, quedó establecida a partir de una compraventa otorgada por el ISTA el día 18 de diciembre de 1996, cuando la cooperativa terminó de pagar las tierras mediante cuotas anuales que recogían del aporte de todos los asociados.
Pero poco les duraría la tranquilidad, ya que en 1994 el alcalde de Jiquilisco, Fredy Mancía, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien gobernaba en esa época, otorgó un título supletorio a favor de otra persona.
Los habitantes de la Hacienda Normandía han pasado por varios intentos de desalojo de sus tierras.
María Cristina Merino tiene 54 años de edad. Ella nació en esas tierras de la cooperativa Normandía. Merino es una de las beneficiarias de las tierras que por herencia de sus abuelos o padres le pertenecen.
José Arturo Castaneda es otro de los beneficiarios de las tierras. Él lleva años trabajando su tierra que ahora es su modo de subsistencia. Castaneda, con este nuevo litigio, ve amenazadas sus tierras y teme ser desalojado.
Otras familias salvadoreñas han sido víctimas de estafa por parte de empresas Lotificadoras.
En El Salvador hay más de 500 lotificaciones con problemas de registro y a nivel nacional son afectadas unas 350 mil familias.
Familias enteras han pagado durante años sus terrenos; no obstante, las lotificadoras no les entregan las escrituras y culpan al Centro Nacional de Registro (CNR) de la lentitud. Mientras que el CNR no se hace responsable ante las denuncias de las miles de personas estafadas.
Unos 800 líderes de las lotificaciones que están en el limbo jurídico presentaron en el 2021, cartas al presidente de la República para que resuelva su situación. El presidente respondió que la ministra de Vivienda era quien atendería el tema por tratarse de lotificaciones.
Sin embargo, tras varias reuniones de la ministra con los líderes comunitarios, muy poco se ha avanzado y la funcionaria prometió que en 2022 se instalará una mesa de diálogo para solucionar la situación, según explicó Alberto Velásquez, director ejecutivo de Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, COFOA.
Para Velásquez, el Estado salvadoreño tiene la responsabilidad de responder por la estafa de las lotificadoras, ya que hasta la fecha no se han promulgado leyes para amparar a las personas que han adquirido sus terrenos, los han terminado de pagar y, ahora, no les quieren entregar sus escrituras.
Más de 6 mil familias de los departamentos de La Paz, Sonsonate, La Libertad, Cuscatlán y Cabañas, están luchando desde hace 30 años para que les entreguen las escrituras de sus lotificaciones. La empresa lotificadora Argoz S.A. de C.V. y el CNR se acusan mutuamente del retraso en la entrega de las escrituras, asegura Patricia González, una de las afectadas y líder de COFOA, quien manifestó no entender porqué no les conceden las escrituras, a pesar que muchas de las familias ya cancelaron sus propiedades.
El Salvador no reconoce el derecho humano a un vivienda.
El artículo 101 de la Constitución de la República de El Salvador expresa que “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano (…)”
Esto se complementa con lo manifestado en el artículo 103 también de la Constitución de la República: “… Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social..”.
Todo lo anterior nos permite identificar que la principal razón de la inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierra en El Salvador proviene de un contexto histórico de desigualdad .
Baltazar Ayala de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, FUNDASAL, expresó que el Estado salvadoreño incumple con el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y con enfoque de derechos humanos, ya que no se cuenta con políticas públicas y una ley enfocada en garantizar este derecho fundamental.
Por su parte, Alex Renderos del departamento de Organización del Espacio, de la UCA, urgió de un marco legal que dé garantías de una vivienda digna a las familias salvadoreñas.
Renderos recomendó recuperar zonas que pueden ser habitables en diversas partes del país y que están abandonadas. Además, urge mejorar los entornos urbanos, es decir que en cada nueva construcción habitacional se tome en cuenta el hábitat.
El gobierno ha construido pocas viviendas de interés social. Las pocas construcciones hechas con los requerimientos mínimos que garanticen un espacio adecuado para habitar, están a cargo de las ONG, pues la empresa privada, en su mayoría, ha construido viviendas de lujo para estratos sociales altos, indicó Renderos.
Resolver o comenzar a resolver el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda es el primer paso para saldar muchas otras deudas sociales, como la integración familiar, las condiciones de salubridad y la autoestima de la gente. Si no lo hace por su cuenta, será necesario presionar al Gobierno para que se tome en serio el tema, señalan muchas de las familias organizadas que advierten con seguir luchando por su derecho a una vivienda adecuada.