Delcy Rodríguez denuncia una operación ilegal de la oposición con apoyo de EE.UU. para robar activos de la petrolera PDVSA y confiscar las riquezas del país.
“Denunciamos ante el mundo una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela, una gran estafa mundial”, ha declarado la vicepresidenta venezolana en una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Palacio de Miraflores en Caracas (capital venezolana).
Rodríguez ha precisado que tal operación está en curso por la derecha venezolana, liderada por el autoproclamado presidente “encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, y con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump.
La funcionaria chavista ha subrayado que Guaidó ha conformado una banda de crimen organizado con la empresa minera llamada Crystallex, para expropiar los activos de PDVSA en EE.UU., concretados en Citgo.
“Crystallex solo tenía un contrato de servicios sobre la mina, lo que no le daba ningún derecho a la propiedad ni a los activos de Venezuela. Esto es un crimen organizado que viola el derecho internacional”, ha denunciado la vicepresidenta.
También ha recalcado que “Estados Unidos se ha convertido en uno de los países más peligrosos para la inversión extranjera”.
Asimismo, ha aseverado que dichas medidas, tomadas para derrocar al presidente legítimo del país bolivariano, Nicolás Maduro, ya no son eficientes y ha aseverado que el Gobierno bolivariano denunciará este acto ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tras la autoproclamación de Guaidó, Washington congeló todos los fondos de PDVSA y anunció sanciones a la compañía, incluida la congelación de activos por valor de 7000 millones de dólares y el bloqueo de todos los pagos que emitan empresas estadounidenses cuando compren petróleo venezolano.
Las autoridades venezolanas consideran que las sanciones estadounidenses a Caracas son parte de una “estrategia fracasada” de la Casa Blanca para sacar a Maduro del poder mediante un golpe de Estado.
Venezuela tacha el bloqueo estadounidense de “crimen de lesa humanidad”, por sus efectos negativos en la población. Según un estudio elaborado en abril, las sanciones impuestas desde agosto de 2017 por Washington han ocasionado la muerte de unas 40 000 personas.
Por: Prensa Izcanal / Hispantv.
