El Presupuesto General del Estado 2020 ha sido presentado, y de entrada saltan a la vista algunas cosas. Aunque sean pequeños y no relacionados a la obtención de logros concretos, es positivo que se hayan fijado incrementos a educación y salud, dos áreas fundamentales para la población.
También se ve con buenos ojos el incremento del gasto para seguridad, incluyendo a la Fiscalía General de la República, que recibe un aumento del 26% en su asignación, lo que es acorde a la tarea que tiene en la lucha contra el crimen. En cambio, es cuestionable el incremento para la Fuerza Armada, no proporcional al despliegue de la misma en materia de seguridad.
La mayoría de los comentarios y análisis sobre el Presupuesto del próximo año hacen énfasis en su carácter deficitario y en que requerirá de mayor endeudamiento cuando el país ya está altamente endeudado. Sin embargo, esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo, desde los Gobiernos de Arena pasando por los del FMLN, El Salvador cubre su déficit fiscal a través de deuda, de tal manera que esta ya alcanzó su máximo histórico: 20 mil 300 millones de dólares (el 70.2% del producto interno bruto). Al respecto, llama la atención que gran parte de las valoraciones relacionen el déficit con los gastos, pasando por alto el tema de los ingresos.
Ciertamente, los gastos del Estado deben ser revisados, de modo que el que se asigna a cada dependencia se traduzca en un servicio de calidad para la población. Y seguro se lograrían ahorros importantes insuflando eficiencia en la administración pública. Hay gastos a todas luces exorbitantes sin ninguna justificación, como el de la Asamblea Legislativa con sus tres mil funcionarios para 84 diputados. O gastos incoherentes con la calidad del servicio que se brinda, como ocurre con el Órgano Judicial, al que se le ha asignado por ley un 6% del Presupuesto y no es capaz de ofrecer pronta y debida justicia.
Como es sabido, los ingresos del Estado proceden fundamentalmente de los impuestos. Si estos se mantienen invariables, es lógico que no haya dinero suficiente para financiar el Presupuesto, y por ello se recurre a la trampa de los préstamos. Una trampa porque a mayor endeudamiento, mayor es la cantidad de recursos necesarios para pagar los intereses de la deuda. En el Presupuesto General de 2020 se destinan más de mil millones para ello, una cifra superior a la asignada al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. En lo que la mayoría de analistas no quieren siquiera pensar es en aumentar los ingresos a través de una adecuada reforma fiscal. Una necesidad de la que se viene huyendo por impopular desde hace décadas, pero que ha sido recomendada en reiteradas ocasiones por expertos en la materia y por los organismos financieros internacionales.
Para incrementar los ingresos del Estado y eliminar el déficit fiscal, la reforma fiscal debe procurar tres cuestiones clave. En primer lugar, mayor control de parte de Hacienda para garantizar que pague quien debe hacerlo y de manera completa. Combatir la evasión fiscal permitiría aumentar los ingresos sin necesidad de crear nuevos impuestos que dañen a los que menos tienen. En segundo lugar, incrementar el número de contribuyentes mediante la formalización de la economía; es decir, incorporar a quienes trabajan por cuenta propia y que tienen ingresos medios o altos, pero que no contribuyen al fisco debido a que sus negocios no están registrados.
En tercer lugar, crear impuestos y aumentar los existentes para los sectores de mayores ingresos. La sociedad salvadoreña está muy marcada por la desigualdad. Por ser regresivo, su sistema impositivo no cumple con el principio básico de justicia que manda que contribuyan más los que más tienen. Diversos organismos internacionales han llamado a cambiar esta situación, introduciendo tributos que son normales en la mayoría de países: los impuestos a la propiedad inmobiliaria (o predial) y al patrimonio. Además, debería revisarse la tabla del impuesto sobre la renta de modo que las tasas disminuyan para los ingresos bajos y medios, y aumenten para los ingresos más altos. Asimismo, es necesario cambiar el IVA único del 13% a uno diferenciado, que grave más los artículos de lujo y menos los de primera necesidad.
Este es el verdadero cambio que en materia fiscal necesita El Salvador. Solo con una verdadera reforma tributaria mejorarán las finanzas públicas y se incrementará la justicia social. Este cambio estructural permitiría parar el endeudamiento, cubrir las demandas de nuestra gente e invertir en el país para su desarrollo. Sin la reforma, los mismos de siempre seguirán gozando de los privilegios de siempre a costa de un país cada vez más endeudado financiera y humanamente.
Por: Prensa Izcanal / Editorial UCA.