Según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y del propio Ministerio de Hacienda, la deuda externa del país (23 mil millones de dólares actualmente) alcanzará el 9 2% del producto interno bruto al terminar este año; y si el presupuesto estatal de 2021 incluye más endeudamiento, podría llegar al 100% del PIB.
La alarmante cifra advierte sobre el riesgo de una “crisis de deuda”, donde el gobierno no puede pagar y nadie le presta más. Por eso en este editorial señalamos tres aspectos críticos de la vorágine de endeudamiento iniciada por los gobiernos de ARENA, continuada en los del FMLN y llevada al extremo por la administración de Nayib Bukele, quien incumplió su promesa de actuar diferente a sus antecesores.
El primero se refiere a la falta de voluntad política para buscar alternativas a más deuda. El Ejecutivo prefiere la vía fácil del endeudamiento, en vez buscar otras opciones de ingresos: combatiendo la evasión tributaria podría recuperar entre 1,800 y 2,000 millones anuales, renegociando o suspendiendo temporalmente el pago la deuda actual tendría disponibles entre 900 y 1,000 millones al año, y desprivatizando las pensiones recibiría cotizaciones para pagar a los pensionados y detendría el aumento exponencial de la deuda previsional que ronda los 5,000 millones de dólares.
Recientemente el nuevo ministro de Hacienda ha hablado de combatir la evasión y hasta fue a presentar en la Fiscalía denuncias contra presuntos evasores; pero esto más parece un acto propagandístico que busca desviar la atención por las críticas al endeudamiento y a las irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la emergencia por el COVID-19.
Si realmente el Ejecutivo quisiera combatir la evasión ya habría presentado a la Asamblea reformas para cerrar vacíos legales que favorecen a los evasores, solicitado derogar o modificar la veintena de leyes que permiten la elusión y propuesto una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”: impuestos directos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, a los bienes y servicios de lujo, a las grandes transferencias financieras, etc.
El segundo aspecto crítico es la falta de transparencia en el destino y uso de los préstamos. La negativa gubernamental a rendir cuentas y las irregularidades reveladas por medios investigativos generan dudas sobre el uso legal, correcto, transparente y probo de los fondos provenientes del endeudamiento.
Y el tercero tiene que ver con los eventuales ajustes fiscales de corte neoliberal y las medidas tributarias regresivas para “pagar los préstamos”, que afectarán negativamente a los sectores populares y capas medias. En el convenio de un préstamo por 390 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno se comprometió a subir el IVA, aumentar impuestos a los combustibles y “reducir gasto público”, lo cual significa que los préstamos no los pagarán los empresarios evasores, los más ricos o las grandes empresas, sino la población consumidora y trabajadora.
Por eso, ojalá que la gente se informe, asuma una postura crítica y exija al gobierno buscar alternativas al endeudamiento, transparentar el uso de los fondos y evitar que el pago de los préstamos caiga otra vez sobre la población que siempre ha pagados las crisis de las finanzas públicas.
Por: ARPAS.