Después de pasar una consulta por la app de telemedicina Dr. ISSS, al paciente le dan una receta y le indican que retire el medicamento en una farmacia particular contratada por el programa. Suena práctico. Pero cuando uno mira los números, la “practicidad” huele a negocio.
Si el gobierno comprara esos medicamentos mediante una licitación internacional, el costo por 1,000 unidades estaría entre $8 y $14 (rango conservador).
En una consulta que hice en Farmacia La Buena —una de las cadenas que figura en el programa— me dijeron que Dorival Gel (equivalente de ibuprofeno tópico) cuesta $340.20 las 1000 unidades.
En Amazon, para referencia internacional, el precio rondaba $13.59 por 1,000 unidades.
La pregunta es obvia y la respuesta también: comprando al menudeo y a las farmacias contratadas, el Estado está pagando muchísimo más. Muchísimo. ¿Quién gana con esa diferencia?
¿Por qué se prioriza enriquecer a cadenas privadas en lugar de garantizar medicamentos asequibles para el pueblo salvadoreño? ¿No debería la telemedicina descongestionar y abaratar la salud pública, en lugar de convertirse en una vía para transferir recursos al sector privado?
Exigimos transparencia y respuestas claras:
• Publicación pública y accesible de los contratos entre el Estado y las cadenas farmacéuticas.
• Auditoría independiente de las compras de medicamentos para el programa DoctorSV.
• Que el gobierno explique por qué no compra a escala internacional o a través de mecanismos que abatan costos y garanticen acceso.
• Priorizar la entrega gratuita de medicamentos esenciales en los centros de salud.
Si la telemedicina no va a garantizar medicamento seguro, económico y accesible, entonces no es avance: es negocio.
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Por: Alcides Herrera.