El gobierno tiene 3 días a partir de la notificación de esta resolución para enviar un nuevo plan con plazos “considerables” para el retorno de personas varadas en el exterior.
Según la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el nuevo plan deberá contener los siguientes elementos.
1. Dato exacto de personas repatriadas: Tomando en cuenta el número de connacionales que, según la información recabada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha expresado su intención de regresar al territorio nacional, desglosada por edad, sexo y ubicación geográfica, entre otros criterios.
2. Total de salvadoreños/as en condición vulnerable: detallando edad, sexo y situación de cada uno de ellos, entre otros.
3. La reducción del plazo de ejecución propuesto por el gobierno (que en el plan original era de 14 semanas) a uno que “resulte razonable”: tomando en consideración los derechos fundamentales en juego, y su adecuación al total de salvadoreños/as que deben ser repatriados, especificando la periodicidad con la que se pretenden organizar los vuelos de retorno de grupos de 100 u otra cantidad de salvadoreños.
4. El total de centros de aislamiento con fines sanitarios y espacios disponibles en cada uno de ellos con los que las autoridades cuentan en este momento, a efectos de que la Sala pueda valorar la razonabilidad del plazo propuesto, y así aprobarlo o rechazarlo.
La Sala requirió también a la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, un informe sobre las gestiones realizadas para cumplir el plan trazado por el gobierno, con el detalle de las y los connacionales repatriados hasta el momento, indicando país de procedencia y fecha de arribo a El Salvador.
La canciller también debe detallar en su informe si a las personas repatriadas se les realizó la prueba de COVID-19, los centros adonde se les envió a guardar cuarentena, cuántas de esas personas pertenecían a algún grupo vulnerable y la asistencia que, en atención a dicha condición, se les brindó, entre otros detalles.
La Sala ordena a la ministra, a partir de este, enviar un informe cada 7 días hasta que concluya el proceso de repatriación o se abra el Aeropuerto Internacional.
El pasado 8 de abril, la Sala de lo Constitucional ordenó al gobierno establecer un plan para el retorno de gradual de las personas varadas en el exterior, “programado, priorizando los casos más urgentes y cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes”, dice el documento.
Posteriormente, el 8 de mayo, esa instancia previno a la presidencia de la República a que establezca plazos para el proceso de repatriación de connacionales y le mandata entregar el plan a las personas demandantes.
Según la argumentación de los magistrados constitucionalistas, si bien el plan presentado por la presidencia tiene “notables ampliaciones” y establece cuáles son las personas cuyo regreso debe ser prioritario, “adolece también de relevantes omisiones, pues no se han previsto plazos de ejecución ni se ha expuesto la información cuantitativa de sus factores –como el total de personas que serán repatriadas–, que es necesaria para una adecuada planificación”.
Según la Sala de lo Constitucional, las autoridades deben utilizar al máximo sus recursos y capacidades para que el plazo de repatriación de connacionales resulte razonable, tomando en consideración los derechos fundamentales en juego.
“Este, además, debe adecuarse al total de salvadoreños a repatriar, que, conforme a lo señalado en este auto, es probablemente superior a la cifra indicada (1200 personas)”, reza el documento.
La situación de incertidumbre en las que los connacionales se encuentran desde que inició la situación de emergencia debido a la pandemia por COVID-19, es para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- una violación al derecho de nacionalidad, el cual tiene afectación en otros como el derecho a la salud, a la residencia, entre otros.
La CIDH hace un llamado a los Estados a garantizar el derecho al regreso a los lugares de origen. “El gobierno salvadoreño debe completar la información con el resto de países donde las personas están ubicadas”, dijo recientemente el Secretario Ejecutivo, Paulo Abraoel.
Para la CIDH, las medidas de retorno y protocolos sanitarios, no deben poner “aún más en riesgo la salud de las personas”.
Por: ARPAS.