Por Radio YSUCA.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de un comunicado, calificó de “graves implicancias para la libertad de prensa” y de “posibles represalias” contra el periodismo, las recientes reformas planteadas al Código Procesal Penal de El Salvador, que crean la figura del “agente encubierto digital”.
El 1 de febrero la Asamblea Legislativa avaló cinco modificaciones al Código Procesal Penal para combatir los delitos informáticos. La reforma, entre otros cambios, autoriza “operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias”, bajo aprobación de la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, se trata de medidas de represalia oficial contra el periodismo. “Con el antecedente reciente de ciberespionaje contra más de 30 periodistas y medios salvadoreños, preocupa que estas medidas puedan ser utilizadas por el gobierno de forma arbitraria con el ánimo de vigilar y amordazar el trabajo de la prensa”.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: “…estas medidas que legalizan el espionaje digital ponen en peligro al periodismo investigativo y la confidencialidad de sus fuentes, lo que irá en detrimento del derecho del público a saber”.
Canahuati y Jornet dijeron que las medidas de vigilancia digital no deberían violar principios sobre libertad de prensa ni derechos humanos. Recordaron lo que establece la Declaración de Salta: “Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso”.
También aludieron al punto 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde señala: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Semanas atrás, pruebas forenses realizadas por laboratorios especializados en ciberseguridad detectaron que 37 teléfonos móviles de periodistas de El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, la Revista Disruptiva, El Diario de Hoy y Diario El Mundo, así como de representantes de cuatro organizaciones civiles, fueron interceptados con el software Pegasus, que la empresa israelí NSO Group solo vende a gobiernos.