Los medios de comunicación comunitarios han jugado un papel fundamental en la historia de El Salvador, acompañando a las comunidades, constituyéndose en herramientas que dan voz a sus necesidades y denuncias. Sin embargo, han realizado su labor bajo condiciones vulnerables con herramientas limitadas para realizar un trabajo comunicativo y ahora persecución, situación que se agrava con el Régimen de Excepción imperante en la actualidad.
El Régimen de Excepción que entró en vigor en marzo de 2022 ha venido a agudizar las ya de por sí difíciles condiciones de trabajo de las personas periodistas y comunicadoras de medios comunitarios. Los hallazgos de la investigación revelan que 35 periodistas y comunicadores de 40 entrevistados, consideran que hay más riesgo en su labor por el régimen y que existen más posibilidades de ser detenidos atacado en redes sociales y amenazado por su trabajo ante esta medida, dijo Xavier Ramón de Voz Pública.
«Ese miedo, ese riesgo trae consecuencias, esto obliga a suavizar el discurso, pensarse dos veces en como publicarlo, modificar o cambiar algunos espacios de opinión sobre todo porque hay leyes que generan esta incertidumbre. Estos cambios en ningún momento, como hicieron énfasis los periodistas, afecta o trata de afectar el entusiasmo, el esfuerzo y dedicación que se le ponen día a día en las comunidades. La población habla menos, se hacen pocos sondeos de opinión» señaló Ramón.
La negación de acceso a la información pública es una vulneración a la libertad de prensa recurrente según directores de medios comunitarios, que participaron del informe sobre “el derecho humano a la comunicación, libertad de expresión y acceso a la información pública desde el periodismo comunitario” desarrollada por ARPAS y el medio de investigación Voz Pública con información de 17 radios nivel nacional.
La investigación señala que, de 17 directores entrevistados, 15 aseguran que las instituciones del gobierno central les han denegado la información las veces que la han solicitado. Además, dos de cada tres periodistas y colaboradores han enfrentado algún tipo de vulneración a la libertad de prensa con énfasis en la falta de acceso a la información pública que proviene sobre todo de las alcaldías, explicó Wendy Monterrosa, directora de Voz Pública.
«En cuanto a la información de las alcaldías las denuncias de las radios comunitarias señalan por ejemplo que se niega información oficiosa y, creo que aquí es importante hacer un aparte aguas importantes, antes de la gestión del presidente Nayib Bukele, ya las alcaldías tenían un desafío en materia de transparencia y acceso a la información, no es que antes si había información y hoy no, pero ahora se ha agudizado esta negativa de poder informar a la ciudadanía. Otro punto importante es que los alcaldes se niegan a dar entrevistas y declaraciones, no hay acceso a las sesiones de concejo ni a las actas, por lo tanto, no tener acceso afecta el trabajo diario de los comunicadores y su labor de contraloría social» explicó.
La investigación concluye que las restricciones a la información pública y el régimen de excepción son utilizadas desde el gobierno para imponer su discurso único y una estrategia que busca coartar la libertad de prensa a todo nivel.
Por: Mónica Rodríguez