Martes: Diputados del oficialismo aprobaron una reforma constitucional que elimina la obligación de asignar un mínimo del 6 % del presupuesto al Órgano Judicial. Aseguraron que el cambio no implicaría recortes.
Miércoles: Apenas un día después, y sin que la reforma esté vigente, la Comisión de Hacienda recibió una solicitud del Ministerio de Hacienda para recortar $164.2 millones al presupuesto del Órgano Judicial para 2026.
Dato clave:
El propio Ministerio de Hacienda justifica el recorte en la reforma constitucional al artículo 172, aun cuando esta no había entrado en vigor (la publicación en el Diario Oficial fue el 17 de diciembre y la vigencia ocurre 8 días después).
¿A dónde iría el dinero recortado?
• Educación: $40 millones
• Salud: $20 millones
• Agricultura: $23.3 millones
• Obras Públicas: $50 millones
• Hacienda: $30.8 millones
Alertas constitucionales:
• La Constitución (art. 182, n.° 13) prohíbe modificar el presupuesto del Órgano Judicial sin consultar a la CSJ, pero no se informó de ninguna consulta.
• La Comisión de Hacienda no discutió públicamente la solicitud y emitió dictamen favorable al presupuesto sin aclarar los cambios.
Expertos advierten:
Un abogado constitucionalista calificó la medida como “grave” y “un abuso”, señalando que se está manipulando el proceso constitucional. Jonathan Sisco (Cristosal) advirtió posibles consecuencias inmediatas: despidos, cierre de juzgados de paz y mayor desigualdad en el acceso a la justicia. “Lejos de acercar la justicia a la población, esta medida la aleja aún más”.
El resultado:
La asignación del Órgano Judicial pasaría de representar el 6 % de los ingresos corrientes del Estado a solo el 4.2 %.
Los hechos muestran una cosa: se prometió que no habría recortes, pero el recorte ya está sobre la mesa. La independencia judicial también se juega en el presupuesto.
Prensa Izcanal.