La reciente aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con 57 votos a favor y apenas 3 en contra, representa un punto de inflexión en el sistema sanitario del país que amerita un escrutinio periodístico riguroso. La normativa, impulsada por el oficialismo de Nuevas Ideas, introduce cambios estructurales profundos que han generado severas críticas del gremio médico, sindicatos y la oposición política.
Restricciones Sin Precedentes
El aspecto más controversial de la nueva legislación radica en el artículo que establece la exclusividad laboral obligatoria para los profesionales de la Red Nacional de Hospitales. Según el texto aprobado, los médicos contratados «dedicarán su profesión exclusivamente en beneficio de la salud de los habitantes de El Salvador» y «no podrán brindar consulta o realizar intervenciones en clínicas u hospitales privados», salvo en casos de emergencia con autorización previa.
Esta medida representa una restricción laboral inédita en el país que, según fuentes consultadas, podría vulnerar principios constitucionales sobre la libertad de trabajo. El diputado Francisco Lira (Arena) denunció que esta disposición busca «desmantelar al gremio médico del país», mientras que los sindicatos médicos han expresado preocupación por el impacto en los derechos laborales de los profesionales.
Exención Privilegiada de Requisitos
La legislación introduce una disposición particularmente polémica que exime de homologación a médicos extranjeros provenientes de países con «sistemas de salud superiores a El Salvador». Esta categorización, carente de criterios técnicos específicos en el texto legal, permite contratos de hasta 10 años prorrogables sin los requisitos tradicionales de validación de títulos.
El Déficit Sanitario Salvadoreño
Según el ranking de la revista CEOWorld Magazine 2024, El Salvador ocupa la posición 110 de 110 países evaluados en términos de sistemas de salud. Esta clasificación, aunque cuestionada por expertos por su metodología, coincide con otros estudios que ubican al sistema salvadoreño entre los más débiles de la región.
La Organización Mundial de la Salud recomienda 23 médicos, enfermeras y parteras por cada 10,000 habitantes. El Salvador presenta déficits significativos en esta métrica, particularmente en especialidades médicas, lo que justificaría parcialmente la necesidad de personal extranjero. Sin embargo, la exención de homologación plantea interrogantes sobre los estándares de calidad y supervisión profesional.
Cinco Años de Exclusividad Forzosa
La normativa establece un «servicio compensatorio obligatorio» de cinco años para médicos residentes que culminen su especialización en la Red. Durante este período, los profesionales deberán trabajar de «forma exclusiva» en las instituciones designadas por la Red, sin posibilidad de ejercicio privado.
Este modelo, inspirado en sistemas como el cubano, genera preocupación entre los especialistas en formación que ven limitadas sus opciones laborales futuras. El Colegio Médico ha manifestado reservas sobre esta medida, considerándola restrictiva y potencialmente contraproducente para la retención de talento médico en el país.
Concesiones y Privatización: La Puerta Trasera
El artículo 3 de la ley faculta a la Red Nacional para «otorgar concesiones» en servicios de salud, una disposición que ha encendido las alarmas sobre una posible privatización encubierta del sistema público. El diputado Lira denunció que esta facultad «abre la puerta para el tema de privatización de la salud» en el país.
Esta preocupación encuentra precedentes en otros países latinoamericanos donde las concesiones hospitalarias han derivado en procesos de privatización gradual. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública ha documentado casos similares en la región donde las «colaboraciones público-privadas» terminaron beneficiando principalmente al sector empresarial.
Blindaje Financiero Cuestionable
La Red funcionará como entidad descentralizada con autonomía para manejar su patrimonio y realizar compras directas sin seguir la Ley de Compras Públicas tradicional. Esta autonomía incluye la posibilidad de anticipos del 100% en contrataciones y procesos de adquisición expeditos.
Mientras el Ministerio de Salud argumenta que esta autonomía mejorará la eficiencia operativa, observadores independientes señalan riesgos de falta de transparencia y control ciudadano sobre el uso de recursos públicos.
Promesas versus Realidad Presupuestaria
El ministro Francisco Alabi prometió salarios de $3,800 a $4,500 para médicos especialistas de la Red, cifras significativamente superiores al promedio actual de $1,500 que perciben algunos galenos en el sistema público. Sin embargo, esta promesa contrasta con la realidad presupuestaria: de 31 hospitales públicos, 30 recibirán $53.9 millones menos en 2025, mientras solo el Hospital El Salvador tendrá incrementos significativos.
Esta aparente contradicción entre las promesas salariales y los recortes presupuestarios genera dudas razonables sobre la sostenibilidad financiera del proyecto y la veracidad de los compromisos gubernamentales.
Lecciones No Aprendidas
El análisis de casos similares en la región muestra que las reformas hospitalarias sin consenso gremial han generado conflictos prolongados y deterioro de servicios. En Argentina, las reformas unilaterales del sistema de salud derivaron en huelgas médicas extensas y migración de profesionales.
Colombia experimentó procesos similares donde la contratación masiva de médicos extranjeros sin adecuada regulación generó conflictos laborales y cuestionamientos sobre la calidad de la atención.
Un Proyecto Bajo Sospecha
La Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales presenta elementos estructurales preocupantes que ameritan vigilancia ciudadana constante. La exclusividad laboral forzosa, la exención de requisitos para médicos extranjeros, y las facultades de concesión configuran un escenario donde el interés público podría verse subordinado a consideraciones políticas o económicas particulares.
La precipitada aprobación de la normativa —dictaminada en comisión en solo una hora y aprobada sin modificaciones en menos de una semana— evidencia una falta de debate democrático que caracteriza las reformas estructurales del actual gobierno.
El sistema de salud salvadoreño requiere reformas urgentes, pero estas deben construirse sobre consensos técnicos, participación gremial y transparencia presupuestaria. La nueva ley, en su forma actual, parece alejarse de estos principios fundamentales, generando más interrogantes que certezas sobre el futuro sanitario del país.
La responsabilidad periodística obliga a mantener un seguimiento crítico de la implementación de esta normativa y sus efectos reales sobre la calidad, accesibilidad y sostenibilidad del sistema de salud público salvadoreño.
Redacción Izcanal.