¿Quién protege realmente las áreas protegidas en El Salvador?

Editorial.

El 17 de noviembre, Día Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no publicó ni un solo mensaje conmemorativo, educativo o de alerta. Nada. Ni una palabra sobre los ecosistemas que, según la ley, tiene la obligación de resguardar.

Ese mismo día —según evidencia fotográfica tomada en el Parque Nacional Cerro Verde— se talaban cientos de árboles para dar paso a la construcción de un proyecto comercial dentro de una zona que debería estar estrictamente protegida. Mientras organismos internacionales difundían mensajes sobre la importancia de conservar bosques, humedales y biodiversidad, en uno de los parques más emblemáticos del país avanzaban retroexcavadoras, motosierras y cuadrillas de limpieza, sin que el MARN ejerciera acciones visibles para detener el daño.

La Ley de Áreas Naturales Protegidas es clara:

📌 el MARN es responsable de regular, monitorear, fiscalizar y sancionar cualquier actividad que amenace un ANP.

📌 toda intervención en un parque nacional debe pasar por una evaluación de impacto ambiental, un proceso transparente de consulta y una justificación técnica sólida.

Nada de esto se observó en Cerro Verde. Por el contrario, la tala masiva y el movimiento de tierra avanzan con aval oficial o con una permisividad que equivale a complicidad. Si el MARN autorizó la obra, incumplió su mandato de proteger. Si no la autorizó, falló en detenerla. En ambos casos, falló al país.

El contraste es brutal: mientras se destruye un parque nacional, el Ministerio guarda silencio. No informa, no explica, no defiende el patrimonio natural.

La pregunta entonces es inevitable:

¿Quién protege las áreas protegidas cuando la institución responsable de hacerlo decide no cumplir su función?

El silencio del MARN no es solo omisión: es una amenaza directa a los ecosistemas más valiosos de El Salvador. Y lo ocurrido en Cerro Verde es una advertencia de lo que puede seguir pasando en otros parques si la ciudadanía no exige transparencia, control y verdadero compromiso ambiental.

Prensa Izcanal.