El gobierno de El Salvador informó a los habitantes de la comunidad El Espino una nueva propuesta de solución habitacional, luego del proceso de desalojo del que fueron afectados en mayo pasado debido a una resolución de la Sala de lo Constitucional.
El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez; el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala; la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, Maria Silvia Guillen; y, el director ejecutivo del Instituto de Legalización de la Propiedad, David Henríquez informaron a la Comunidad El Espino y al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), los avances en la búsqueda de alternativas de solución habitacional para las familias de la comunidad.
El secretario Rodríguez informó que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha tomado la decisión política de responder positivamente a las demandas de la Comunidad El Espino.
» No puede ser que en el país siempre hay solución para los inconvenientes de privados y no la hay para las familias más humildes «, expresó el funcionario.
La comisionada Gullén recalcó que el gobierno desde el primer momento se apoyó a los miembros de la comunidad con la instlación de un sistema de agua potable, así como los servicios de salud y la atención para los niños y niñas.
El minsitro Ayala por su parte explicó el mecanismo para entregar la tierra a las familias, el cual pertenece actualmente al Ministerio de Hacienda.
«Este Ministerio se los trasladará a FONAVIPO y será esta institución la que hará las gestiones con la Asamblea Legislativa para que los diputados aprueben la entrega del terreno», subrayó el titular de Obras Públicas.
Las instituciones gubernamentales le han dado seguimiento a este caso y cuando se realizó el desalojo se ha auxiliado a las familias con atención del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes en el marco de la LEPINA, y ha dado asistencia a través del Ministerio de Salud y el FOSALUD, institución que mantuvo una unidad móvil en la zona para brindar asistencia de forma inmediata.
En mayo pasado, el gobierno presentó dos propuestas ofrecidas: una individual y otra colectiva. La primera consiste en una contribución económica directa a cada familia afectada de $4,000 y $12,000. La segunda, radica en que la comunidad forme una cooperativa de vivienda y el gobierno les trasladará un terreno en la zona y proporcionará un subsidio de capital para ser invertido en vivienda de ayuda mutua.
Por / Transparencia Activa.