El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, aseguró que la intención del presidente Bukele de denunciar a los Órganos Legislativo y Judicial ante el organismo no es procedente.
Luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera medidas cautelares que frenaron temporalmente las medidas del Decreto Ejecutivo 18, con el que el gobierno declara Estado de Emergencia por la pandemia por COVID-19, y ante la falta de consenso en la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Emergencia Nacional requerida por el Ejecutivo, el presidente de la República anunció que denunciaría a ambos Órganos de Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las razones, según el mandatario, es que estos órganos han violado “el derecho a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño”, según dijo en conferencia de prensa este miércoles.
Para Bukele, tanto la CSJ como la Asamblea Legislativa no le permiten al gobierno tomar las medidas sanitarias necesarias para detener el avance del coronavirus.
“Todas las medidas que ha tomado el gobierno de El Salvador, a pesar de las campañas que dicen que son dictatoriales y violatorias de derechos humanos, son las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud e incluso otros organismos internacionales que tienen que ver con derechos humanos”, expresó el mandatario.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, aseguró que el organismo no tiene competencia «para resolver controversias entre dos o más órganos de Estado, de hecho, ningún organismo internacional ni ningún tribunal internacional entraría a conocer de esas controversias entre órganos del Estado”.
Según la normativa de la instancia de Derechos Humanos -dependencia de la Organización de Estados Americanos- quienes pueden presentar denuncias ante este organismo es la ciudadanía “contra uno o más Estados miembros de la OEA que se considere han violado los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos”.
El director para las Américas de la organización internacional Human Right Watch, José Miguel Vivanco, por su parte, calificó la decisión del presidente como “un disparate”.
“El ejercicio de controles entre los órganos estatales no solo no viola derechos humanos sino que los protege”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.
Para Celia Medrano, Directora de Programas de Cristosal, no es comprensible cuando el presidente afirma que se haría una denuncia, ya que no puede incurrir a una instancia internacional para que “un Estado se denuncie a sí mismo”.
“En el juego de palabras, así como se ha hecho con los Decretos Ejecutivos, la Presidencia se presta a confusiones y es probable que esa sea la estrategia: confundir, a través de manejos idiomáticos, de terminología en los mismos decretos y elementos en los cuales es difícil poder determinar si hay una adecuada fundamentación jurídica de estas decisiones”, expresó.
Medrano recordó que la CIDH ha sido clara en sus llamados a no utilizar la pandemia de COVID-19 para “acumulación y centralización de poder por parte de una instancia estatal, ni tampoco para justificar violaciones a derechos humanos”.
“Son otras víctimas de violaciones a derechos humanos que se están cometiendo por el actual gobierno, en el contexto del COVID-19, las que están planteando denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra el presidente Nayib Bukele”, señaló la directora de programas de Cristosal.
Falta de fondos y población sin alimentos en municipios, señalaron alcaldes/sas
Previo a la conferencia de prensa en la que anunció su intención de denunciar a los otros Órganos del Estado en la CIDH, el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvo una reunión con alcaldes de diferentes municipios del país que gobiernan bajo la bandera del partido ARENA. Ellas y ellos le expresaron las necesidades en sus territorios que van, desde la falta de fondos, hasta crisis alimentaria.
El alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, dejó de manifiesto que uno de los principales problemas de su municipio es “el hambre”.
“Duele ver a padres con sus hijos que le dan agüita hervida. Le agradezco el apoyo que hemos tenido de 8,300 quintales de maíz, 10 mil bolsas solidarias, nosotros ya repartimos 35 mil y parece que en el municipio no alcanza. Soyapango necesita más bolsas de las que ustedes llevan”, expresó el edil.
Cabe destacar, que Soyapango es uno de los municipios de San Salvador más afectados por el COVID-19. Hasta el miércoles 20 de mayo, sumaban 147 casos.
Ante esta petición, Bukele aseguró que duplicará la compra de paquetes alimentarios de 1.7 a 3.4 millones, para llegar “a todos los municipios”.
Al llamado realizado por Álvarez se unieron otros ediles, quienes también enfatizaron en los impactos económicos que está dejando la crisis, tanto a la población como a las alcaldías.
Sobre esto, el mandatario salvadoreño sostuvo que existen fondos no ratificados en la Asamblea Legislativa, del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 190 millones de dólares, de lo cual 130 millones son para los alcaldes. “Está ahí, pero no nos dejan tocarlo”, dijo.
En su conferencia de prensa posterior a la reunión, Bukele arremetió con duras críticas a la Asamblea.
También, durante su encuentro con las y los alcaldes, el presidente Bukele propuso declarar el próximo 23 de mayo como “día nacional de la oración”, “para pedir por esta pandemia”. Invitó a los alcaldes a realizar el llamado a esta acción y pidió no confundir “un país laico con un país ateo”.
Según afirmó el presidente de la República, Nayib Bukele, sostendrá encuentros con alcaldes y alcaldesas de otros partidos políticos para buscar “consensos” para enfrentar la pandemia del COVID-19.
En su última cadena nacional, Bukele convocó a un diálogo entre los órganos del Estado. “Ahora hago una convocatoria para que los tres poderes del Estado nos pongamos de acuerdo, nos reunamos a puerta abierta”, dijo entonces el mandatario.
Sin embargo, un par de días después -ante las medidas cautelares de la Sala Constitucional al estado de Emergencia del gobierno y la negativa de diputados de aprobar la normativa requerida con las condiciones que exige el Ejecutivo-, Bukele anunció su intención de denunciarles ante la CIDH, misma que no procede según el titular del organismo internacional de derechos humanos.
Por: ARPAS.