Diversas voces nacionales e internacionales han denunciado la reciente detención del abogado constitucionalista Enrique Anaya, ocurrida el 7 de junio en El Salvador.
Cristosal, a través de un comunicado, señalo que la detención de Anaya no puede desvincularse del contexto de represalias contar quienes ejercen su derecho a opinar y defender la legalidad desde la Constitución. Cristosal exigió a las autoridades salvadoreñas que actúe con apego a la Constitución y tratados internacionales y garantice plenamente los derechos y garantías procesales de Enrique Anaya. Asimismo, alertó a la comunidad internacional sobre la escalada de ataques, detenciones arbitrarias y criminalización en contra de voces críticas.
Por su parte, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) condenó enérgicamente lo que considera una detención arbitraria, sin base legal ni respeto al debido proceso.
El organismo recordó que Enrique Anaya es miembro del Instituto y ha denunciado sistemáticamente violaciones a derechos humanos en el país. Alertó, además, sobre el uso del régimen de excepción para perseguir a defensores de derechos y disidentes, y anunció que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), pidió a las autoridades salvadoreñas que procedan con su inmediata liberación y se ponga fin a la criminalización de la defensa de los derechos fundamentales.
También, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) en un pronunciamiento, advierte sobre el creciente autoritarismo y la criminalización de quienes alzan la voz en defensa del Estado de derecho.
El movimiento exige al gobierno que respeten el ordenamiento jurídico del país, la Constitución y los tratados internacionales y garanticen plenamente los derechos y las garantías procesales de Enrique Anaya.
La organización señala que Anaya se suma a una lista de juristas detenidos en las últimas semanas, entre ellos Alejandro Henríquez y Ruth López, también privados de libertad bajo el régimen de excepción.
Las organizaciones exigen la liberación inmediata del abogado y llaman a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante lo que describen como una grave regresión democrática en El Salvador.
Por: Ysuca