Mujeres Organizadas demandan un juicio justo para Imelda Palacios, acusada de homicidio agravado a consecuencia de un aborto espontáneo.
Un escrito dirigido a la Policía Nacional Civil por parte del juez de primera instancia de Jiquilisco, Usulután, Manuel de Jesús Santos, mantiene en alarma a las organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres, pues en el, el juez ha ordenado no permitir el ingreso de las organizaciones a la audiencia pública de la joven imputada, Imelda Palacios, acusada por la justicia salvadoreña de homicidio agravado tentado, tras sufrir un aborto espontaneo.
Tras conocer el escrito, las organizaciones integrantes del Comité Intersectorial de las Mujeres del municipio de Jiquilísco, La Concertación de Mujeres de Oriente, y La Red de Defensoras de Derechos Humanos de la Región oriental, repudiaron las intenciones del juez, mediante una conferencia de prensa por considerar que coacciona y limita el derecho de las defensoras de acompañar procesos judiciales y el de manifestarse pacíficamente.
“Nosotras como red de defensoras acompañamos desde un inicio el caso de Imelda Cortez. Sabemos de todas las arbitrariedades a las que ella ha estado sometida, sabemos que ella ha sido víctima de violencia machista, sabemos que ella ha sido víctima de violencia institucional y violencia sexual” declaró Claribel Ayala de la Red de defensoras.
En el escrito el Juzgado de Jiquilisco acusa a los colectivos de obstrucción de la justicia por ello ha girado una orden a la PNC de cerrar un perímetro donde se ubica el juzgado, lugar donde se realizará la audiencia pública de la joven de 20 años de edad el próximo 4 de julio.
Según Milagro Alvarado, representante de la colectiva feminista en la zona oriental, esta acción que pretende realizar el juzgado de Jiquilisco no es apropiada “Esta acusación que emite de manera irresponsable el señor juez es sin fundamentos por lo que hacemos el llamado a la no represión del movimiento de mujeres en el municipio” indicó Alvarado.
Imelda, tras ser violada reiteradamente por su padrastro desde los 12 años, quedó embarazada en 2016, y después de 37 semanas de gestación sufrió el aborto. Las organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron que no desistirán de exigir una verdadera justicia para la joven.
Por Carlos Amaya.