En 2017 el 95% de las denuncias de delitos sexuales fueron de casos contra niñas y adolescentes.En total, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil hubo 3,290 denuncias de este tipo, según afirma la Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Esta organización y niñas y adolescentes que integran los Mecanismos Comunitarios de Protección de la Niñez de la zona norte de San Salvador y Chalatenango exhortaron al órgano judicial a aplicar justicia en los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios. Estos últimos, según el observatorio de violencia de género de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) siguen siendo alarmantes. Este registro da cuenta que el año pasado se cometieron 468 feminicidios, de los que el 45% corresponde a mujeres menores de 29 años y 16 de estos fue contra menores de 15 años.
Siendo las niñas y adolescentes las más afectadas por la violencia sexual, Cristina Durán, representante del mecanismo de protección, considera necesario que la Asamblea Legislativa reforme el código penal para que cuando un embarazo sea producto de una violación sexual o incesto contra una menor de 18 años se permita su interrupción.
Para la Alianza es fundamental que se adopten los mecanismos necesarios para evitar que las niñas y adolescentes sean víctimas de violencia sexual. Además, piden a las y los diputados, que serán juramentados en mayo próximo, que prioricen en la agenda a favor de los derechos de este sector poblacional. Cristina Durán, Asesora Nacional de Género y Protección de la Niñez de Plan Internacional, menciona algunos de los temas pendientes en el parlamento y que esperan que la próxima legislatura retome.
Otra de las peticiones que hicieron las niñas y adolescentes de los Mecanismos Comunitarios de Protección de la Niñez es que este esfuerzo de organización sea reconocido por el Estado y se implemente a nivel nacional.
En el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres las niñas y adolescentes plantearon estas exigencias, pero también reconocieron avances en el cumplimiento de sus derechos, sobre todo en el ámbito de la educación y en la implementación de un marco legal para una vida libre de violencia para las mujeres.
Por / ARPAS.