El pasado 24 de junio, la Fiscalía General de la República ordenó la captura de al menos 40 estudiantes, por estar ligados, presuntamente, a una estructura en formación denominada La Raza Estudiantil.
Según información oficial, la Policía capturó a 28 alumnos del Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), seis del Instituto Nacional Albert Camus, cuatro del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y dos del Instituto Nacional Acción Cívica Militar. Entre los detenidos hay 18 menores de edad. La Fiscalía les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas y otros.
Sin embargo, entre los estudiantes capturados destaca Melany Raquel Chavarría Mancía, de 18 años de edad, estudiante de Psicología, becada por una institución pública y, según sus familiares, una joven disciplinada, solidaria y con sueños bien definidos: ayudar a su madre y servir a los demás.
Su historia refleja el rostro doloroso del régimen de excepción: fue capturada a pesar de no tener antecedentes penales y de contar con constancias académicas y sociales que dan fe de su buen desempeño como persona, afirman quienes la conocen.
Su madre relata con detalle el esfuerzo de su hija para lograr estudiar, el momento de la captura y el calvario que vive desde entonces.
Melany tiene 18 años. Comenzó sus estudios de bachillerato en Salud en el INFRAMEN. Ismendia, su madre, la describe como una persona servicial y muy comunicativa. Desde el primer año de estudios en el instituto notó que era muy amigable con otros jóvenes, incluso de otras especialidades.
El tercer año de estudios se complicó. Debía graduarse y comenzó a vender dulces y galletas para pagar todos los gastos de la graduación. Finalmente, terminó su bachillerato en 2024, y aunque su sueño era estudiar en la Universidad de El Salvador, no logró ingresar. La situación económica familiar no le permitió estudiar en una universidad privada. “Nos pusimos muy tristes, pero yo le dije: ‘Hija, no te sientas así, algo vamos a hacer’”, recuerda Ismendia, su madre.
En 2025, Melany logró obtener una beca mediante la Dirección de Integración, entidad gubernamental dirigida por Alejandro Gutman. La enviaron al Instituto Especializado de Profesionales de la Salud (IEPROES). Ahí comenzó a estudiar la Licenciatura en Psicología. Melany obtuvo una buena calificación en conducta, excelentes notas e hizo las horas sociales, tal como lo mandata la ley de educación.
Melany estaba feliz. Se sentía afortunada de ser becada entre tantos jóvenes. Con ella, eran cinco los becados del INFRAMEN. Lo más complicado fue asegurar el internet, dice Ismendia. Hubo un poco de preocupación, pero logró terminar el primer ciclo. Melany continuaba vendiendo para obtener ingresos.
Vendía chicles, bombones y otros productos. “Iba al mercado central porque decía que ahí era más cómodo. En un depósito hermético andaba las cositas que vendía”, explica su madre.
Había finalizado los primeros seis meses de estudios y se preparaba para inscribir materias para el siguiente ciclo. La beca le permitía cursar una hora diaria de inglés. Además, había cumplido las horas sociales —unas 60 o 90 horas—, un requisito para poder seguir estudiando los próximos seis meses.
La joven también había sido beneficiada con una beca para estudiar inglés. Se la otorgó la Dirección de Integración.
El día que agentes de la Policía Nacional Civil la detuvieron, venía de hacer el trámite de esa beca. A Melany le truncaron sus estudios; estaba en el proceso de inscribir materias. De no haber sido capturada, Melany estaría cursando el segundo ciclo en Psicología.
24 de junio: Una pesadilla
Ismendia, madre de Melany, describe la captura como una pesadilla. Fue el 24 de junio. Estaba en su trabajo cuando la llamó la Policía. Le dijeron que hacían un cateo y revisaban casas. Quince días antes, la Policía había llegado, tocaron la puerta y Melany les atendió. Solo revisaron y se fueron, le comentó su hija. Pensaron que no era nada importante.
Ese 24 de junio le dijeron que debía presentarse en la casa; de lo contrario, le botarían la puerta. La Policía le dio una hora para llegar.
Pero Melany terminó el trámite de la beca y se fue a casa. Al llegar, la esperaba la Policía. Le desconectaron el teléfono y no pudo comunicarse con su madre.
Desesperada, Ismendia —porque Melany no respondía el teléfono— dejó al niño que cuidaba con un vecino. Al llegar, vio a dos policías en la sala, entre ellos una mujer. En la cocina estaba Melany, junto a tres policías. Asustada, preguntaba qué pasaba, pero nadie le respondía. “Solo miraban mi angustia en el rostro”, dice Ismendia.
Unos policías llenaron un acta, se llevaron el teléfono de Melany y su tablet. No encontraron dinero ni nada que la vinculara con ilícitos, asegura Ismendia. Buscaban agendas, dinero y cosas de valor. “¿Por qué están haciendo esto?”, insistía. Pasados unos 20 minutos, le dieron un documento para que lo leyera, que hasta ahora no ha leído. “Yo no lo puedo leer porque estoy bien mal, pero ya lo voy a leer”, le dijo al policía. “Sí, mejor tómele una captura”, le respondió el agente.
Mientras la Policía hacía el procedimiento, Ismendia abrazaba a Melany y le daba palabras de aliento.
Al preguntar al policía por qué se la llevaban, respondió que por agrupaciones ilícitas, sin dar más detalles. A las 3 de la tarde se llevaron a Melany, sin esposas. En medio de cinco policías, Ismendia vio alejarse a su hija en un carro gris. Otro carro de la Policía la escoltaba. La llevaron a la bartolina de San Salvador, conocida como El Penalito.
El miércoles 25 de junio supo que la llevaron a un chequeo médico. Le sacaron sangre y pudo estar con ella durante una hora; la abrazó y la consoló.
En El Penalito, Melany se encontró con otros jóvenes capturados; a algunos los habían sacado de sus trabajos. “Hay más niños que están en la universidad y también están presos”, comenta Ismendia. Recuerda el caso de un joven que tenía tres años de haber salido del Inframen y lo fueron a sacar de su casa. Supo que varios estudiantes que se graduaron el año pasado del instituto también están detenidos. Incluso se habla de una maestra que estuvo en El Penalito, pero fue liberada.
A Ismendia le angustia no tener información. Únicamente conoce el número de celda, y gracias a eso puede pagar la comida para su hija. Paga $8 diarios por la alimentación, y ha recibido ayuda de la familia para cubrir ese gasto.
Debido a la situación, Ismendia dejó su trabajo. Ahora debe dedicar tiempo a tramitar documentos que comprueben que su hija estudiaba, que tenía una beca y buena conducta.
Su madre lamenta que le hayan truncado sus sueños. Los vecinos no entienden por qué una joven con tantas metas tiene que estar en prisión. A Ismendia la sostiene la fe en Dios. Cada sábado, un grupo de madres llega al Penalito a orar.
Su madre, con fe y esperanza, clama por justicia. Melany sigue detenida, mientras en casa la esperan sus cuadernos, intactos, como símbolo de una vida interrumpida. Su historia, como la de tantos jóvenes capturados bajo el régimen de excepción, deja una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿Cuántos sueños más deben ser truncados antes de que se respete el debido proceso?
Por: Ysuca