Entre el 22 de marzo al 9 de agosto, la organización registró 80 casos “válidos” de vulneraciones a los derechos humanos, a través de sus sistema de alertas. El 97.5% de las denuncias provenían de El Salvador y el 2.5% entre Guatemala y Honduras.
En el contexto de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, los países del norte de Centroamérica irrespetaron tratados internacionales sobre derechos humanos; no obstante, El Salvador encabeza la lista, según un informe presentado este martes por la Fundación Cristosal.
Entre el 22 de marzo al 9 de agosto, la organización registró 80 casos «válidos» de vulneraciones a los derechos humanos, a través de sus sistema de alertas. El 97.5% de las denuncias provenían de El Salvador y el 2.5% entre Guatemala y Honduras. Según el estudio, las instituciones más denunciadas fueron la Policía Nacional Civil (en el caso de El Salvador) y las instituciones rectoras de Salud.
Además, el 28.6% de las denuncias están relacionadas con la privación de libertad, 27.6% a detenciones arbitrarias y 13.3% sobre el derecho a la salud. El 67.5% de los denunciantes eran hombres.
Aunque los tres países comparten características en el manejo gubernamental de la pandemia, entre ellas la implementación de medidas de confinamiento, es El Salvador del que más denuncias reportó Cristosal. La organización acompañó 17 recursos de habeas corpus interpuestos ante la Sala de lo Constitucional, principalmente por detenciones al margen de la ley.
«En el marco de las detenciones también se dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes y afectaciones a la integridad como la difusión de
imágenes de los retenidos en medios de comunicación, la permanencia en bartolinas policiales sin alimentación, agua y servicios sanitarios, lesiones, amenazas, e incluso la firma de actas contra su voluntad», señala el informe.
Debido a la implementación de Decretos Ejecutivos y Legislativos contrarios a los establecido por la Constitución, Cristosal señala que «durante este período, El Salvador experimentó la vigencia de un marco jurídico inconstitucional para atender la pandemia», lo cual derivó en «numerosas» violaciones a los derechos humanos.
Abraham Ábrego señaló que en el caso del país las detenciones ilegales durante la cuarentena y la creación de centros de contención “no adecuados” fueron algunas de las principales violaciones a derechos humanos.
Además, apuntan hacia un protagonismo «innecesario» de militares y policías, incluso por encima del personas sanitario.
Si bien, Cristosal considera que los países del norte de la región adoptaron medidas adecuadas al inicio de la pandemia, los Estados no adoptaron un enfoque de inclusión, dejando de lado a poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad y las afectaciones específicas a la comunidad LGBTIQ+, así como la atención de la violencia contra las mujeres.
En eso coincide el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien considera que aunque algunas de las medidas sanitarias fueron positivas, su implementación no fue adecuada.
El permanente conflicto entre los Órganos de Estado en El Salvador también destaca en este informe como una problemática que impidió un tratamiento adecuado de la crisis sanitaria.
«La continua posición combativa del Ejecutivo contra los demás poderes del Estado, así como contra la prensa, ha obstaculizado el buen manejo de la pandemia y ha hecho que -al cierre de este informe- el país no cuente con una ley secundaria para la administración controlada de la reapertura económica», plantea la organización.
Durante la presentación del informe de Cristosal, el Dr. Iván Zolano, integrante del Colegio Médico, agregó que la pandemia de COVID-19 debe dejar lecciones importantes para las autoridades y las decisiones que se tomen. Sostuvo que es importante que se escuche a las voces técnicas y científicas.
Por: ARPAS.