La definición más básica de desarrollo sostenible fue acuñada en 1984 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU y establece que las necesidades de la generación presente deben satisfacerse sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Sin embargo, parece que el máximo dirigente de El Salvador no ha entendido del todo bien esta idea.
En declaraciones recientes, Nayib Bukele ordenó a la nueva administración del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que apruebe de inmediato y sin tantas objeciones todos los permisos ambientales para echar a andar varios proyectos que mantienen retenidos miles de millones de dólares en inversión. Además, ya circula en distintos medios de comunicación que el aeropuerto en oriente y el “Tren del Pacífico” se volverán tangibles muy pronto.
El Presidente de la República debería saber que, muy al margen de lo que él piensa y quiere hacer creer a la población, cualquier proyecto que se llame “de progreso” o “de desarrollo” está transido por componentes económicos, sociales y medioambientales inevitables, y que el desequilibrio entre ellos solamente puede resultar en algo catastrófico.
En 2015, el informe Cambio climático en Centroamérica, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reveló que el territorio nacional solamente conserva un 10% de sus bosques y que la disponibilidad de agua podría reducirse hasta un 93% en los próximos años si no se toman medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. Más recientemente, el Índice de Desempeño Ambiental 2018, elaborado por el Centro de Derecho y Política Ambiental de la Universidad de Yale con apoyo del Foro Económico Mundial, un ranquin que clasifica a 180 países según 24 indicadores de desempeño evaluados en diez categorías que cubren la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas, ubicó al país en la posición 106, un lugar que está solo un 41% por encima del peor evaluado de la lista y que nos deja como una de las regiones más deterioradas de Latinoamérica.
De cara a esta realidad, ¿vamos a saltarnos la institucionalidad con el Presidente para dar aval a la ejecución de todos sus proyectos o vamos a exigir que se respeten los mecanismos que muy difícilmente han ido surgiendo para frenar la degradación ambiental en El Salvador?
La Ley de Medioambiente, aprobada después de la firma de los Acuerdos de Paz, establece en el Título III los instrumentos que deben aplicarse para dar luz verde a proyectos de gran envergadura, como el nuevo aeropuerto y el tren. El Art. 16 señala que el proceso de evaluación ambiental está comprendido por la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, el programa ambiental, el permiso ambiental, los diagnósticos ambientales, las auditorías ambientales y la consulta pública. Sobre esta última, el Art. 25 establece que, antes de ser aprobados, los estudios de impacto ambiental deben hacerse públicos y que cuando los resultados reflejen posibilidades de afectación a la calidad de vida de la población o de riesgo al bienestar del medioambiente, el Ministerio estará obligado a hacer una consulta pública en los municipios donde se lleve a cabo la actividad.
En total desacato, el nuevo gabinete gubernamental ya empezó a buscar financiamiento para sus obras, cuyas justificaciones más extensas solo se encuentran en el Plan Cuscatlán. En el documento se alega que la razón de ser del aeropuerto es que la mayoría de los salvadoreños que vienen del exterior son de la zona oriental. En el caso del tren, del cual se especula que atravesará todo el país, es que alivie “el problema del transporte de personas pasajeras y de carga”, pero no se plantea como una medida sustitutiva al transporte público tradicional y tampoco se menciona que se detendrá la construcción de nuevas carreteras.
Contrario a lo que ofreció en campaña, la visión de desarrollo del nuevo Gobierno solo amenaza con destruirnos. No se puede procurar el desarrollo económico de un país ni el bienestar de su población a costa de la deforestación, el uso desmedido de los recursos naturales y la pérdida de ecosistemas. Tampoco se puede dar cabida a inversiones y megaproyectos sin que se haya analizado de qué manera pueden impactar todas las dimensiones de la sociedad en el mediano, corto y largo plazo.
Antes de tomar una decisión, antes de hablar y hacer populismo, el equipo de Bukele debería darse un tiempo para leer e investigar qué es lo que verdaderamente necesita la realidad salvadoreña en materia de desarrollo integral y sostenible, porque la vieja teoría económica de que vamos a comer más si hay más ya demostró que solo engordan los amigos del que reparte. Informes técnicos, investigaciones y profesionales con la capacidad de dar un veredicto serio sobre los riesgos y las medidas de prevención necesarias para llevar a cabo estas propuestas abundan. Pero si solamente nos vamos a quedar con las órdenes que se dan desde Twitter o con los “quiero porque puedo y porque me da la gana”, conviene más que armemos filas cuanto antes y que empecemos a caminar a la fosa común en que se constituirá el país.
Por / UCA Editorial.