Josefina R., una madre soltera de 25 años originaria de Nueva Granada, Usulután, cumplirá tres años privada de libertad el próximo 13 de mayo. Detenida en un retén policial en San Martín, San Salvador, el 13 de mayo de 2022, mientras viajaba a la capital para comprar mercadería china que vendía en las calles para sostener a sus tres hijos –una niña de 12 años y dos niños de 4 y 2 años–, Josefina fue presentada como presunta pandillera en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 bajo el artículo 29 de la Constitución de El Salvador. Sin embargo, su familia desconoce su situación jurídica, si ha sido juzgada o en qué penal se encuentra.
La hermana de Josefina, quien pidió anonimato por temor, relató a este medio su frustración al acudir a la Procuraduría General de la República (PGR): “Me pidieron constancia laboral y prueba de casa propia para aceptar los documentos de arraigo. No tenemos eso. Me trataron con desprecio”, afirmó. Este trato podría vulnerar el derecho a la información y a la defensa, garantizados por el artículo 14 de la Constitución y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por El Salvador.
Tras su detención, Josefina fue trasladada a las bartolinas de Soyapango, luego al Centro de Reclusión para Mujeres y, posteriormente, al penal de Metapán. “Fui hasta allá, nunca había viajado tan lejos. El vigilante me confirmó que estaba ahí, pero fue la última vez que supe de ella. Llevo paquetes cuando consigo dinero, pero apenas alcanza para los niños”, narró su hermana, evidenciando la pobreza extrema que enfrentan. Los hijos de Josefina, al cuidado de su abuela, viven en condiciones precarias, y la familia no puede costear visitas ni paquetes con regularidad.
El caso de Josefina se da en un contexto de graves denuncias sobre las condiciones en los centros penitenciarios para mujeres en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos, como Cristosal, han documentado que mujeres detenidas durante el régimen de excepción enfrentan hacinamiento extremo, falta de acceso a agua potable, toallas sanitarias y medicamentos, lo que las obliga a improvisar con trapos para gestionar su menstruación, aumentando riesgos de salud. Más alarmante aún, informes recientes señalan que custodios exigen favores sexuales a cambio de artículos básicos como toallas sanitarias, y se han reportado violaciones que han resultado en embarazos. La abogada Jayme Magaña, de Alas por la Libertad, ha denunciado casos de mujeres que quedaron embarazadas en los penales de Apanteos e Izalco debido a abusos de custodios. Además, la falta de atención médica adecuada ha llevado a complicaciones de salud, y en algunos casos, a abortos espontáneos, en un país donde el aborto está penalizado en todas sus formas, lo que agrava la situación de las víctimas.
(Investigaciones previas: Mujeres fueron violadas en las cárceles del régimen Menstruar en las cárceles de Bukele Custodios exigen sexo a cambio de toallas sanitarias)
Estas prácticas, calificadas como extorsión sexual, constituyen graves violaciones de derechos humanos y podrían ser consideradas tortura, dado el poder que ejercen los custodios sobre las detenidas. Las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, ratificadas por El Salvador, establecen que las mujeres privadas de libertad deben tener acceso a artículos de higiene y condiciones dignas, derechos sistemáticamente negados en los penales salvadoreños. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado sobre detenciones arbitrarias, hacinamiento y procesos judiciales sin debido proceso, que afectan especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad como Josefina
La incertidumbre sobre el paradero y la situación jurídica de Josefina, junto a las denuncias de abusos sistemáticos en las cárceles, refleja un sistema penitenciario colapsado y un impacto devastador en familias pobres. Mientras los hijos de Josefina crecen sin su madre, las autoridades no han respondido a las demandas de información ni a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
*Nota: Por la seguridad de la familia, se omiten nombres completos. Este medio intentó contactar a la PGR y a la Dirección General de Centros Penales sin obtener respuesta al cierre de esta nota.
Por: Prensa Izcanal