En El Salvador la privatización de la salud avanza a pasos agigantados. El gobierno niega lo que los ciudadanos están experimentando cuando necesitan un servicio de salud. Asi, un préstamo de $77 millones, dado por la CAF para “modernizar” el sistema de salud, ha terminado fortaleciendo la privatización: los médicos son contratados por empresas privadas, los medicamentos se compran y distribuyen en farmacias particulares y los estudios clínicos se realizan en laboratorios privados.
Una llamada “de cortesía” que revela un modelo de negocio.
“Buenos días, usted es el señor… le llamamos de Banco Promérica, gracias a su buen manejo de la cuenta de ahorro queremos brindarle un servicio de salud”.
Así comienza la llamada que muchos clientes del Banco Promérica han recibido en los últimos meses. El ofrecimiento, en apariencia, es un gesto amable: por solo $12.99 mensuales , el banco —en alianza con Integral Group Solution (IGS), una empresa chilena con sede en Estados Unidos— ofrece “multiasistencia médica, vial y en el hogar”.
El discurso comercial promete mucho: consultas sin costo, exámenes rutinarios, atención odontológica, ambulancias y visitas domiciliarias. Pero en las condiciones generales del servicio, el escenario cambia:
“Queda estipulado que los costos en que incurra el afiliado en la consulta y otros costos derivados de ella son a cuenta de él”.
En realidad, la cobertura es mínima: el servicio de ambulancias solo se brindaría dos veces al año y, aunque las consultas se ofrecen de manera ilimitada, los costos derivados deben ser asumidos por el usuario.
Detrás de esta oferta se esconde una tendencia creciente: la bancarización de la salud, donde bancos y empresas ofrecen “paquetes de bienestar” sin regulación pública ni garantías de atención médica real.
De hospital público a maquila digital.
En 2020, el ministro de Salud Francisco Alabí prometió convertir el Hospital El Salvador (HES) en una “ciudad de la salud”. Luego habló de un “hospital de cuarto nivel” y más tarde, de una “escuela de medicina”.
Finalmente, la nueva apuesta fue la telemedicina, presentada como símbolo de modernidad. Pero detrás del discurso digital se esconde un modelo de gestión privatizado.
La empresa Manpower Group fue contratada para reclutar médicos del HES bajo modalidad de “servicios profesionales”. Un médico contratado por esta empresa y que laboró en el HES, relata su experiencia:
“Hacíamos turnos de 12 horas frente a una computadora. Si pasaban 15 minutos de consulta, se encendía una luz amarilla: debías cerrar. Todo era cronometrado, deshumanizado”.
“Una vez atendí a una paciente con amigdalitis; quería mostrarme la garganta con el teléfono, pero no se veía nada. No tenía cómo tomarse la presión o la temperatura. Es imposible hacer un diagnóstico serio así”.
El médico resume:
“Nos tratan como maquila médica. Sin seguro, sin estabilidad, sin derechos laborales. Somos trabajadores temporales en un sistema público que se maneja como empresa privada».
Un préstamo millonario que financia la privatización.
El proyecto de telemedicina no es una simple modernización. Detrás hay un préstamo de $77 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), aprobado el 2 de diciembre de 2023 y ratificado por la Asamblea Legislativa el 8 de abril de 2024, con 69 votos a favor.
Según los documentos oficiales, el préstamo busca financiar el “Programa para la Implementación de un Sistema de Telemedicina en El Salvador”, que supuestamente beneficiará a 4.5 millones de personas.
Sin embargo, en la práctica, esos fondos no han servido para fortalecer el sistema público, sino para tercerizar servicios esenciales:
- Contratación de médicos a través de una empresa privada (Manpower Group).
- Compra de medicamentos mediante farmacias privadas (Farmacia La Buena y Cristal).
- Exámenes clínicos en laboratorios privados.
En abril de 2024, se incorporaron $33 millones iniciales al presupuesto estatal para financiar la plataforma digital, el centro de telemedicina y la contratación de personal en el HES.
El programa fue lanzado oficialmente en noviembre de 2024, pero lejos de mejorar hospitales departamentales, la mayor parte del dinero se concentra en infraestructura tecnológica y servicios tercerizados.
En lugar de fortalecer lo público, el préstamo ha potenciado la dependencia del Estado hacia empresas privadas.
Doctor ISSS: la salud pública que pasa por farmacias privadas.
Otra pieza clave es la aplicación Doctor ISSS, que integra al MINSAL, ISSS y Bienestar Magisterial. El servicio digital permite agendar consultas y comprar medicamentos, pero la entrega está en manos de Farmacia Cristal y Farmacia La Buena. No existen datos públicos sobre los contratos con estas empresas ni sobre los márgenes de ganancia.
Además, los estudios clínicos se realizan en una red de casi 50 laboratorios privados, todos pagados con fondos públicos.
Lo que se presenta como innovación digital, en realidad, traslada dinero del Estado a manos privadas.
Cuando la salud se convierte en negocio.
Los casos de Banco Promérica, Manpower Group y Doctor ISSS muestran una tendencia clara: la privatización silenciosa de la salud en El Salvador.
Mientras los hospitales públicos siguen sin medicinas ni personal, millones de dólares del Estado van a empresas privadas bajo el discurso de la “modernización”.
El préstamo de $77 millones que debería acercar la atención médica a las comunidades rurales está creando un sistema paralelo: digital, sí, pero excluyente, precario y desigual.
En un país donde un banco ofrece salud por teléfono, un hospital público funciona como maquila y una app estatal depende de farmacias privadas, cabe preguntarse:
¿Quién se beneficia realmente de la “transformación digital” de la salud? Porque para miles de salvadoreños, lo digital no ha traído doctores ni medicinas… solo pantallas, deudas y promesas incumplidas.
Izcanal, 27 de octubre 2025.