Por: Radio YSUCA.
A través del proyecto “Sociedad Civil promoviendo el acceso a la justicia y la seguridad humana en El Salvador”, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) buscará contribuir a fortalecer la débil institucionalidad del Estado y de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales.
A pesar de que estadísticamente se destaca la baja de homicidios, el fenómeno de la desaparición de personas viene en incremento. Por lo que este tema será la prioridad en dicho proyecto.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Saúl Baños, dijo que en un período de tres años impulsarán acciones como: monitoreo sobre hechos de desaparición forzada en El Salvador; litigio estratégico y acompañamiento de casos de desaparición; campaña de divulgación de propuestas para mejorar la respuesta ante estos casos; incidencia en nombramientos de funcionarios de instituciones clave y evaluación de desempeño; diagnóstico sobre procedimientos y herramientas para elección y evaluación de funcionarios de instituciones clave; y elaboración y promoción de propuestas para contribuir a la prevención de la violencia.
Entre 2014 y 2019 se registraron más de 22 mil denuncias de desapariciones forzadas en El Salvador. Durante el año 2020 el fenómeno persistió, siendo la población joven y adulta joven la más afectada. Según datos de la PNC se registraron mil 539 desapariciones de personas, de estas el 34.18 % (526) corresponden a mujeres y 65.82% (mil 013) fueron hombres. Entre enero y abril de 2021 se han reportado 424 personas desaparecidas, según la Fiscalía General de la República (FGR).
Baños lamentó que uno de los grandes vacíos para investigar los casos de desaparición forzada es la falta de información oficial sobre las desapariciones y homicidios. Dijo que el caso de Chalchuapa es un ejemplo de ello, ya que evidenció la falta de transparencia en este tema.
El director Ejecutivo de FESPAD también cuestionó el papel pasivo del Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien a partir del 1 de mayo con la entrada de los nuevos parlamentarios y magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha tomado un papel pasivo ante las violaciones a derechos humanos en el país.
El proyecto “Sociedad Civil promoviendo el acceso a la justicia y la seguridad humana en El Salvador” también estará dirigido a funcionarios, funcionarias e instituciones públicas: la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil, Órganos Ejecutivo y Legislativo.
El proyecto de FESPAD plantea acciones para contribuir a que los ciudadanos y las ciudadanas propongan a gobiernos locales y Órgano Ejecutivo medidas integrales para la prevención de la violencia.
Héctor Carillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD afirmó que, ante el abandono a los casos de personas desaparecidas, el proyecto busca que las familias tengan acceso a la justicia y seguridad humana.
Los destinatarios principales del proyecto de FESPAD son: Sociedad civil organizada, comités de familiares de víctimas de desaparición forzada y colectivos ciudadanos de tres municipios de El Salvador, en este caso: Mejicanos, Ilopango, del departamento de San Salvador y Cojutepeque, del departamento de Cuscatlán.