El mal manejo de las crisis las prolonga indefinidamente; y El Salvador hay experticia en ello. Una crisis como la del agua, que es antigua y afecta especialmente a nuestros compatriotas más pobres, se convierte en fuente de enfrentamiento cuando se quiere solucionar con base en intereses más privados que públicos.
Con la amenaza del estrés hídrico acercándose, con por lo menos la mitad de la población padeciendo serios problemas de acceso al agua para consumo y saneamiento, lo lógico sería llegar a acuerdos rápidos. Pero aunque hay coincidencia en que el agua es un bien público, la composición de su ente rector causa división. En un país como el nuestro, en el que hay alternancia política y en el que se ha avanzado en la investigación y sanción de la corrupción, no debería haber reparos en que el Estado tenga la responsabilidad final en la gestión del agua.
El deseo de la empresa privada de estar en situación de privilegio dentro del ente rector de la política de aguas, por más que se disfrace de buenas intenciones, no tiene más objetivo que obtener una cuota importante de poder sobre el vital líquido. Como cualquier actor de la sociedad civil, la empresa privada puede tratar de incidir en la política desde la racionalidad, el conocimiento y la capacidad de manejo técnico de los diversos temas en los que se mueve. Pero no tiene ningún derecho superior a tener representación en estructuras necesariamente estatales. La costumbre de figurar en instituciones autónomas del Estado no es buena. Ser consultado es una cosa, pero tener poder sin ser elegido para administrar temporalmente el Estado, otra muy distinta.
La seguridad ciudadana está también en crisis. Los homicidios y feminicidios son plaga imparable, sin que las disminuciones registradas en comparación a las cifras de 2015 se puedan considerar un logro. Es evidente que el número promedio de asesinatos se mantiene en la línea de la última década. Y de nuevo aquí se dividen las opciones. La mano dura es la preferida tanto del Gobierno como de la oposición. Y la dureza se centra en los detenidos, independientemente de que hayan sido condenados o disfruten todavía del derecho constitucional a la presunción de inocencia. La propuesta de reforma a la Ley Penitenciaria presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública pretende ser solución. Pero da un poder casi absoluto al Ministro y, bajo su control, a los directores de centros penales. Mientras tanto, como con la ley del agua, hay coincidencia en que la prevención es más importante que el castigo del delito. En la realidad se marcha por otro lado.
Dado el corporativismo de la institución policial, que lleva al encubrimiento y a la falta de transparencia, agrava la situación el hecho de que solo policías manejen las estructuras relacionadas con la seguridad. Tanto el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como la Dirección de Centros Penales, la Dirección General de Migración y Extranjería, y el Organismo de Inteligencia del Estado están presididos por policías. A los defensores de derechos humanos se les pregunta su opinión sobre la materia, pero el criterio de la mano dura se impone sobre cualquier recomendación, aun a riesgo de suprimir derechos constitucionales. Y es sabido que la violación de derechos lleva siempre a la confrontación. Por alguna razón, tanto en seguridad como sobre el agua no se procede buscando el diálogo y la concertación, sino el enfrentamiento y el control, más allá de los derechos y necesidades de las personas.
En el manejo de estas dos crisis se sigue un guion parecido. Se utiliza el lenguaje de la racionalidad, pero se busca imponer lo irracional. Se utiliza la razón instrumentalmente para ponerla al servicio de minorías, sin considerar los dolores y anhelos ciudadanos. Poner racionalidad, análisis y realismo en las discusiones es la única manera de no repetir los errores del pasado. Defender los intereses de la élite económica y abusar de la fuerza pública han sido vicios históricos. Tanto en el Estado como en ciertos sectores de la sociedad civil parece haber demasiado interés en tropezar con las mismas piedras.
Por / Noticias UCA.