La frase que utiliza la PDDH para justificar despidos laborales, “no constituye un despido o destitución”, es un intento de engañar a la opinión pública, y resulta problemática no solo en términos semánticos, sino éticos, laborales y políticos.
Decir que no es despido cuando 40 personas pierden su fuente de trabajo, su salario y su estabilidad es un ejercicio de eufemismo administrativo que intenta maquillar una realidad evidente: hay personas que se quedaron sin empleo por una decisión institucional. Cambiar el nombre del acto no cambia sus consecuencias reales.
Desde una perspectiva crítica, la afirmación de la PDDH presenta al menos cuatro inconsistencias graves:
Contradicción material
Si una plaza es “suprimida” y la persona deja de laborar a partir de una fecha determinada, el efecto práctico es idéntico a un despido. El derecho laboral no se define solo por la forma jurídica, sino por el impacto concreto sobre la vida del trabajador. Negar eso es desconocer la realidad social del trabajo.
Lenguaje tecnocrático para diluir responsabilidades
Calificar la decisión como “medida presupuestaria de urgencia” traslada la responsabilidad al presupuesto, al Ministerio de Hacienda o a normas técnicas, como si la institución no tomara decisiones políticas. El lenguaje burocrático se usa aquí para despersonalizar el daño y evitar asumir costos éticos.
Incoherencia institucional
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debería ser ejemplo de enfoque garantista, no promotora de narrativas que minimizan la pérdida de derechos laborales. Resulta especialmente grave que una institución creada para defender derechos normalice la precarización bajo argumentos administrativos.
Indemnización no equivale a justicia
Aclarar que habrá indemnización no elimina el hecho del despido. La compensación económica es un paliativo, no una justificación. El derecho al trabajo no se agota en recibir dinero, sino en la continuidad, dignidad y estabilidad laboral, especialmente en el sector público.
En síntesis, afirmar que “no es despido” cuando decenas de personas quedan sin empleo no es una aclaración jurídica, sino una negación política de la realidad. Es un intento de suavizar una decisión dura, con consecuencias humanas profundas, utilizando un lenguaje que contradice el espíritu mismo de los derechos humanos que la PDDH está llamada a defender.
Porque al final, más allá de los memorándums y las normas técnicas, 40 personas amanecerán sin trabajo. Y eso, por más vueltas que se le de, sí tiene nombre: el gobierno de Bukele, por sus compromisos con el FMI, está abandonando a la clase trabajadora.
Alcides Herrera.