Por: Radio YSUCA
El proyecto de explotación en la mina “Cerro Blanco” preocupa a organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, desde hace más de una década. La mina Cerro Blanco tiene planeado hacer minería a cielo abierto en 2022.
La mina está ubicada en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador y a 90 kilómetros de la planta potabilizadora “Las Pavas”. Los daños ambientales en la cuenca alta se extenderían hasta el río Lempa, que es una fuente de agua para El Salvador.
La explotación minera de Cerro Blanco arrojaría aguas contaminadas al río Ostúa, que llega al lago de Güija, lago que se conecta con el río Lempa.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, lamenta que el Gobierno salvadoreño y el de Guatemala dejen a un lado los daños ambientales que están en ruta por la explotación minera.
“Obviamente hay que entender que es necesario estar más renuentes o ser más proactivos en este Estado salvadoreño, considerando que somos los más afectados, considerando que somos agua dependientes de Guatemala, por medio del río Lempa. Específicamente el proyecto Cerro Blanco contaminaría ríos, el lago de Güija y por medio del río sale un desagüe a la cuenca alta del río Lempa, que es la principal fuente de agua al Salvador”, explicó González.
La mina Cerro Blanco no solo destruirá ecosistemas en territorio guatemalteco, sino que la contaminación con cianuro y drenaje ácido llegará a una de las principales fuentes de vida de El Salvador, el río Lempa.
Ante esto, el ambientalista Luis González, dice que el Gobierno salvadoreño debe atender las propuestas de organizaciones sociales y ambientales.
“De cara a esto organizaciones sociales ya han presentado propuestas, por ejemplo un tratado de aguas transfronterizas con enfoque adecuado, compartida, para que el Estado de El Salvador junto con el de Guatemala y Honduras puedan regular adecuadamente el tema de los ríos transfronterizos”, añadió.
El ambientalista además explicó que el proyecto Cerro blanco estaría contaminando también el área de amortiguamiento de El Trifinio, violentando el convenio del Plan Trifinio, “y tampoco el Estado salvadoreño ha hecho acciones encaminadas a pedirle al Estado de Guatemala que regule, que prohíba, que no permita ese tipo de proyectos en la zona transfronteriza, por el impacto ambiental en El Salvador”, enfatizó.
González cuestiona la pasividad del Gobierno salvadoreño ante un inminente daño ambiental para el país. Además lamentó que, en el país, tampoco se ha implementado de forma adecuada la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en lo referente al cierre técnico de minas y resarcimiento ambiental.
“Por tanto, creo de que la primera demanda es al Gobierno de El Salvador, que cumpla con la ley en nuestro país y en segundo momento, pues, que le exija a los vecinos países que no contaminen la cuenca del río Lempa”, concluyó el representante de la UNES.
Ante la amenaza de la mina Cerro Blanco, un editorial de la UCA dice que el principio internacional de la buena vecindad coloca en los Estados la responsabilidad de no dañar el medioambiente; el principio de cooperación internacional contempla la obligación estatal de prohibir actividades dentro de su territorio contrarias a los derechos de otras naciones.