El caso de las extorsiones al transporte público
Mi vecino tenía unos buses. Lo empezaron a extorsionar y para evitar que le mataran a sus empleados prefirió vender sus unidades de transporte.
Aquí en Nueva Granada todos los dueños de mototaxi pagan extorsiones. Lo mismo pasa en Ciudad El Triunfo.
Para escribir este post he hablado con empresarios de Santiago de María, Jucuapa, San Buenaventura, Estanzuelas y Mercedes Umaña, que se dedican al transporte público. Todos están pagando extorsiones. Para ellos no ha significado ningún alivio el Plan Control Territorial.
El gobierno vende la efectividad del plan por la baja de homicidios. Es un gran logro el haberlos bajado del 8 al 4 por ciento. La represión en las cárceles parece que le ha dado resultado, pero las causas de la violencia no están siendo combatidas.
Sin embargo, la gente procesada por delitos va en aumento. Las extorsiones están a la orden del día, y las comunidades siguen asediadas por las pandillas.
Para aprobar mas endeudamiento, por lo menos debe conocerse el plan y cómo se van a medir los resultados.
Hay mucho que aclarar en seguridad
1) El gobierno no ejecutó 62 millones en 2019 presupuestados para el ministerio de Seguridad, entonces ¿para qué quería más dinero a final de año de las pensiones?
2) Para este año se incrementó al ministerio de Seguridad un 11,2% y el de Defensa un 18,5%. Tiene 646 millones presupuestados, entonces ¿cuáles son las razones para que no le alcance el presupuesto, si al final no lo puede ejecutar en un 100 por ciento?
3) El Estado tiene una política de austeridad. «El clamor del pueblo» es que no se siga endeudando al país. Se le ha autorizado deuda a Bukele de 645 millones de dólares para cubrir el déficit del presupuesto, además de 91 millones para la fase II, hoy viene un nuevo préstamo por 109 millones, entonces ¿por qué el dinero no alcanza?
4) El tema de transparencia es fundamental. De los 109 millones, 25 van para un sistema de vigilancia que solo una empresa participaría. La empresa que pagó el viaje privado al director de Centros Penales y al superintendente de SIGET. El gobierno se ha negado a entregar información al respecto. Ha ninguneado al IAIP y llevan el caso a la Sala de lo Contencioso. También hay preguntas como: ¿para qué queremos un buque?.
Por: Alcides Herrera.