La deuda pública de El Salvador ha alcanzado niveles críticos que comprometen gravemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de su población. Con $33,130 millones registrados en abril de 2025, equivalentes al 89.2% del PIB, el país enfrenta una crisis fiscal cuyas dimensiones trascienden los números para convertirse en una amenaza directa al bienestar social y al futuro económico nacional.
El Crecimiento Explosivo: $72 Dólares Cada Segundo
Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, la deuda pública ha experimentado un incremento sin precedentes de $13,250 millones, lo que equivale a un ritmo de endeudamiento de $72 por segundo durante 2,128 días continuos. Esta velocidad supera en un 243% a su más cercano competidor histórico: el gobierno de Mauricio Funes, cuya administración contrató deuda a razón de $30 por segundo.
La aceleración del endeudamiento no responde únicamente a factores coyunturales como la pandemia de COVID-19. Los datos revelan que el 41% de toda la deuda pública nacional corresponde exclusivamente a la administración Bukele, evidenciando una estrategia fiscal expansiva que ha privilegiado el gasto por encima de la sostenibilidad fiscal.
La Mecánica del Descontrol Fiscal
El economista Rafael Lemus identifica un problema sistémico en la gestión presupuestaria: la administración Bukele ha convertido los presupuestos aprobados en «puntos de partida» en lugar de límites del gasto público. En 2024, el presupuesto votado fue de $9,068.7 millones pero terminó ejecutándose en $13,141.20 millones, un alarmante incremento del 45%.
Esta práctica sistemática de sobreejecución presupuestaria explica, en parte, por qué El Salvador aumentó su deuda externa en $1,450 millones solo en 2024, la cifra más alta desde que existen registros oficiales en 1991. El incremento superó incluso al año 2020, cuando la economía global se paralizó por la pandemia.
El Servicio de la Deuda: Más que Salud y Educación Juntos
La carga del servicio de la deuda se ha convertido en el principal drenaje de recursos públicos. Para 2025, el pago de intereses y amortizaciones alcanzará $2,784.66 millones, representando el 28.8% del presupuesto general. Esta cifra supera los recursos asignados a Educación ($1,535.78 millones) y Salud ($1,170.38 millones) combinados.
Lourdes Molina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que «por cada 100 dólares que el Estado salvadoreño ha presupuestado gastar en 2024, 20 dólares serán para el pago de intereses y amortizaciones de la deuda». Esta proporción se ha incrementado dramáticamente: del 15.65% en 2022 al 28.8% proyectado para 2025.
El Costo de Oportunidad Social
La economista senior subraya que el problema trasciende el aspecto financiero: «al destinar una quinta parte de nuestro presupuesto al pago de la deuda, hay menos recursos disponibles para financiar políticas públicas en sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura».
Esta realidad se materializa en recortes concretos que afectan directamente a la población:
- Educación: reducción de $31.1 millones y supresión de 781 plazas docentes
- Salud: recorte de $90.8 millones y eliminación de 3,669 puestos
- Hospitales públicos: 30 de 31 centros recibirán $53.9 millones menos
El Ajuste Fiscal: Receta del FMI con Costo Social Elevado
El acuerdo con el FMI por $1,400 millones ha condicionado la política fiscal salvadoreña a un ajuste de 3.5% del PIB durante tres años (2025-2027). Este programa, diseñado para «encaminar la deuda pública hacia una senda de firme descenso», incluye medidas de contingencia tributaria si los ingresos resultan insuficientes.
Las Recomendaciones Tributarias del FMI
El organismo internacional ha propuesto un paquete de nuevos impuestos que incluye:
- Tasa turística: $20 para no residentes
- Impuesto al carbono: $5 por tonelada de CO2
- Ganancias de capital: 30% de tributación
- Servicios digitales: aplicación del IVA
- Dividendos: 10% de gravamen
- Incremento en impuestos especiales a cigarrillos y bebidas alcohólicas
Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central, advierte que no todos estos impuestos son «viables ni socialmente aceptables», pero reconoce la necesidad de ampliar la base tributaria bajo el principio de equidad fiscal.
El Impacto en la Población: Datos que Revelan la Crisis
Despidos Masivos y Deterioro de Servicios
La estrategia de consolidación fiscal ha resultado en el despido de más de 11,000 empleados públicos, generando un efecto multiplicador negativo en la economía. La agencia financiera EMFI confirma que «los duros recortes del gasto también han provocado una ralentización de la actividad económica».
En el sector salud, el impacto es particularmente severo:
- Hospital Regional de San Miguel: despido de 12 médicos especialistas, afectando a más de 35,000 derechohabientes[
- Más de 5,000 citas programadas fueron canceladas o reprogramadas solo en agosto
- Hospital Nacional Rosales: reducción de $7.7 millones en su presupuesto
La Paradoja de los Sectores Prioritarios
Mientras Salud y Educación sufren recortes históricos, el presupuesto evidencia prioridades contradictorias:
- Defensa: incremento del 20.25% ($52 millones adicionales)
- Presidencia: aumento del 24.88% ($27 millones más)
- Servicio de deuda: crecimiento del 29.8% ($640.1 millones adicionales)
Esta redistribución presupuestaria confirma lo que Idalia Zúniga, del Frente Magisterial, denuncia: «se llama ‘grasa del Estado’ a trabajadores que ganan $500-700, mientras funcionarios cercanos al gobierno mantienen salarios de $20,000-40,000».
Las Consecuencias Macroeconómicas: Un Círculo Vicioso
Crecimiento Económico Comprometido
El FMI proyecta un crecimiento del 2.2-2.5% para 2025, inferior al promedio histórico debido a los «costos de endeudamiento público elevados». Alfonso Goitia explica que «cada vez, el servicio de la deuda absorbe más recursos en detrimento del gasto público social y económico, con graves consecuencias para el país».
La inversión pública se ha visto particularmente afectada. Como señala Óscar Cabrera de FUDECEN, «en el periodo 2020-2024 la recaudación tributaria se fue en el pago de salario, bienes y servicios, e intereses de la deuda, y ya no alcanzó para transferencias, subsidios, amortización de la deuda e inversión pública».
El Problema de la Deuda de Pensiones
Una maniobra contable del gobierno ha transferido $10,697.11 millones de deuda previsional al Sector Público Financiero, representando un tercio de la deuda total. Esta reestructuración permite al gobierno evadir pagos inmediatos hasta 2027, pero «a costa de seguir acumulando deuda y de un impago técnico a algunos cotizantes».
El Salvador en Perspectiva Regional: El Más Endeudado
Con un 76.4% de su PIB comprometido en deuda pública, El Salvador se ha consolidado como el país más endeudado de Centroamérica. Las proyecciones del ICEFI para 2024 no mejoran sustancialmente, estimando que el endeudamiento rondará el 73.3% del PIB.
Esta posición de vulnerabilidad se agrava por la pérdida de capacidad de inversión externa. Según la CEPAL, El Salvador cerró 2022 con Inversión Extranjera Directa negativa de $131 millones, la primera vez desde 2010.
Análisis de Sostenibilidad: Las Proyecciones Oficiales
El Ministerio de Hacienda proyecta reducir la deuda del SPNF al 86.4% del PIB en 2027, una disminución de apenas 2.5 puntos porcentuales en tres años. Esta modesta reducción depende críticamente de:
- Crecimiento económico sostenido superior al crecimiento de la deuda
- Cumplimiento estricto de las metas del programa FMI
- Éxito de las reformas estructurales propuestas
Carlos Acevedo advierte que «ya no hay mucho margen para que El Salvador haga más recortes al gasto», lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad del ajuste sin afectar aún más los servicios esenciales.
Conclusiones: Una Crisis Multidimensional
La deuda pública de El Salvador ha evolucionado desde un desafío fiscal hasta convertirse en una crisis social multidimensional. Los datos analizados revelan que:
- El ritmo de endeudamiento durante el gobierno Bukele no tiene precedentes históricos y compromete las finanzas públicas por décadas.
- El servicio de la deuda consume recursos que deberían destinarse a necesidades básicas de la población, generando un costo de oportunidad social inaceptable.
- Los ajustes fiscales impuestos por el FMI, aunque necesarios para la sostenibilidad macroeconómica, están transfiriendo el costo de la irresponsabilidad fiscal a los sectores más vulnerables.
- La estrategia gubernamental de priorizar el pago de la deuda externa sobre la inversión social evidencia un modelo económico que privilegia la credibilidad internacional sobre el bienestar ciudadano.
- Las proyecciones oficiales de reducción de la deuda son excesivamente optimistas y dependen de variables económicas que El Salvador no controla completamente.
La evidencia corrobora que El Salvador enfrenta una encrucijada histórica: mantener el rumbo actual significará décadas de austeridad social, mientras que cualquier desviación del programa FMI podría desencadenar una crisis de liquidez con consecuencias aún más severas para la población. Esta disyuntiva define el verdadero costo político y social de las decisiones fiscales tomadas durante los últimos seis años.
Por: Prensa Izcanal.