La agencia calificadora de riesgo, Standard and Poor’s (S&P Global), dijo hace unos días que la Cuenta de Garantía Solidaria se está agotando porque el Estado le debe mucho dinero a las AFP y desde 2023 no le paga ni un centavo por lo que debe. Esa afirmación es correcta.
Los recursos de quienes cotizan en las AFP están en dos cuentas: La individual, que se nutre del 65% de las cotizaciones y que sirve para pagar pensiones, y la de Garantía Solidaria, a donde va el 35% de las cotizaciones y que se utiliza para pagar pensiones cuando se acaba la cuenta individual.
De la Cuenta de Garantía Solidaria echa mano, en calidad de préstamos, el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que pertenece al Estado. Todos los meses el ISP le entrega a las AFP documentos legales llamados Certificados de Obligación Provisional (COP) y las AFP le dan a cambio préstamos por el valor de los certificados.
Con los préstamos que recibe, el ISP le paga pensiones a más de 80,000 personas jubiladas del antiguo sistema público. También paga el complemento de las pensiones inferiores a la mínima y el complemento de las pensiones de quienes en 1998 pasaron “voluntariamente” del sistema público al privado.
El Banco Central de Reserva reporta que entre abril de 2023 y junio de 2025, las AFP le prestaron al ISP $2,480 millones, un promedio de casi $92 millones mensuales durante el período.
El Estado también agarra dinero de la Cuenta Individual. Por eso, entre junio de 2019 y junio de 2021, su deuda total con los fondos de pensiones aumentó en $5,806 y llegó a $10,877 millones, equivalentes al 80% de todo el fondo que administran las AFP.
Aunque esa deuda debe pagarla el ISP, no hay garantías de que lo haga porque esa institución no tiene dinero, pues no recibe cotizaciones de la gente, las cuales van a las AFP. Quien tendrá que pagar la deuda es el Ministerio de Hacienda, aumentando impuestos o recortando gastos. Además, la deuda puede crecer constantemente, pues la emisión de COP no tiene límites. Incluso, a juzgar por los montos en que se emiten, puede ser que también se utilicen para financiar gastos del Estado no relacionados con el pago de pensiones.
En el acuerdo con el FMI el Gobierno se comprometió a reformar el sistema de pensiones, para frenar el endeudamiento del Estado y evitar que se acaben los fondos, lo cual afectaría a más de 800,000 personas que cotizan y a más de 200,000 personas jubiladas del sistema público y del sistema privado que administran las AFP.
Lo más probable es que la reforma eleve la edad de jubilación, que es de 55 años para mujeres y 60 años para hombres, o que suba el tiempo mínimo de cotización, que es de 300 meses (25 años). O tal vez suban los dos parámetros a la vez. Con esos cambios disminuiría la cantidad de personas que se jubilan cada año (más de 3,000) y bajaría la presión sobre el fondo de pensiones.
También es posible que con la reforma se aumente el porcentaje de cotización sobre los salarios, para inyectarle más dinero al fondo.
Sin embargo, todas esas medidas, que serían dañinas para la población cotizante, no resolverían la crisis financiera del sistema de pensiones, porque los fondos ahorrados no serían significativos.
Por otra parte, es obvio que el Gobierno, Dada su naturaleza pro empresarial, no afectará la comisión que cobran las AFP y que les proporciona altas ganancias, las cuales se duplicaron con ley que se aprobó en diciembre de 2022 y entró en vigencia en enero de 2023, tal como se muestra en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero:
Ganancia año 2022: $17 millones
Ganancia año 2023: $33 millones
Ganancia año 2024: $36 millones
En el primer semestre de 2025 las AFP se ganaron $19 millones. Si se mantiene la tendencia, sus utilidades cerrarán el año en $38 millones, o sea, superarán en $2 millones las de 2024.
Desde el punto de vista técnico, solucionar la crisis del sistema de pensiones no es tan complicado como aparenta. Basta con nacionalizar la administración de los fondos, eliminar el lucro en el sistema y ponerles un impuesto 8% a los activos de los multimillonarios (incluyendo sus propiedades de lujo), con lo cual el Estado recaudaría más de mil millones de dólares anuales. También se podrían aprobar impuestos a las altas rentas y eliminar los gastos innecesarios del Estado.
Con esos recursos el Estado podría comenzar a pagar lo que debe, apoyar al sector informal para que cotice y mejorar las pensiones. Es decir, podría atacar los tres problemas del sistema: La baja cobertura, las bajas pensiones y la insostenibilidad financiera.
Ninguna reforma de pensiones que mantenga a las AFP y no se complemente con una reforma tributaria progresiva y profunda, no resuelve los tres problemas del sistema. Pero hacer eso requiere voluntad política. Y eso es lo que no tiene el Gobierno.
En 2017, Bukele prometió en la Universidad de El Salvador que eliminaría el neoliberalismo en el sistema de pensiones, o sea, que su Gobierno liquidaría las AFP y crearía un sistema público. Ya van seis años y ha ocurrido lo contrario: Las AFP dispararon sus ganancias, el Estado disparó su deuda y los fondos de pensiones tienden a agotarse.
Por: César Villalona