Hablar de crisis climática, es hablar de derechos humanos, así lo declara Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este fue el tema de la séptima jornada del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP), facilitado por Astrid Puentes Riaño, coordinadora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) son una iniciativa que busca contribuir con la formación profesional de las y los periodistas. Su objetivo principal es coadyuvar al ejercicio del periodismo independiente.
Desde los CAP se promueven procesos de formación y actualización profesional para que las y los periodistas tengan mejores herramientas y conocimientos que contribuyan a fortalecer la cobertura informativa diaria y el periodismo de largo aliento: reportajes, crónicas e investigaciones.
Los CAP, además, promueven un abordaje periodístico desde la perspectiva de los derechos humanos y facilitan un espacio permanente de diálogo, reflexión e intercambio entre las y los participantes.
Este año 2020, la iniciativa CAP está realizando un proceso de formación para periodistas de Guatemala, El Salvador y Honduras sobre Cobertura Periodística en tiempos de crisis: emergencias sanitarias y cambio climático, en la que participan 31 periodistas de 30 medios de comunicación de los países del norte de Centroamérica.
Este Ciclo se desarrolla en alianza con la Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) para América Latina, la Secretaría General del Sistema Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Oficina Regional para Centroamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
CAMBIO CLIMÁTICO
El Cambio Climático son las variaciones en el clima, derivadas del impacto de las actividades humanas, estas incluyen eventos meteorológicos extremos: altas y bajas temperaturas.
Algunos impactos del cambio climático en el planeta son: Aumento de la temperatura del aire oceánico, extensión del hielo marítimo, derretimiento de hielo y nieve, acidificación de los océanos, inundaciones, incremento del nivel del mar, aumento de lluvias extremas y huracanes, aumento de la temperatura sobre la tierra y sequías, aumento de la temperatura superficial del mar, entre otros.
Nuestro país padece de una vulnerabilidad histórica, el Informe de Perspectivas Económicas para América Latina 2019 que fue trabajado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Unión Europea y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), establece entre otros tres objetivos para para poder avanzar en el desarrollo: desplegar estrategias contra las amenazas medioambientales.
JUSTICIA Y GOBERNANZA CLIMÁTICA IMPLICA
• Reversar acciones negativas causantes de crisis climática
• Responsabilidad y rendición de cuentas por parte de responsables de crisis climática y distribución equitativa
• Revisar e implementar cambios profundos y sistémicos (IPCC)
• Alcanzar equidad social, conocimiento tradicional
• Perspectiva de derechos humanos, pueblos indígenas y locales,
• Perspectiva de género, derechos de niñas, niños y jóvenes, derechos
de las y los trabajadores
• Importancia del cuidado
• Respeto a soberanía y priorización de OTRAS formas de vida
• Instituciones transparentes, que velen por el interés público y
garanticen la rendición de cuentas
• Estado de Derecho
• Transparencia, información y participación respecto a la crisis
climática, responsables y soluciones
• Financiamiento suficiente, eficiente y adecuado
• Responsabilidad empresarial
EL ACUERDO DE ESCAZÚ.
El Acuerdo de Escazú, trata sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, Protección de Ambientalistas y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Debió haber sido firmado por el gobierno del El Salvador, antes del 26 de septiempre de 2020 según estipula el artículo 21 del tratado.
En El Salvador, durante este 2020, en el contexto de la pandemia por covid19, han ocurrido algunos eventos climáticos que han causado la pérdida de vidas humanas e innumerables daños en viviendas, pérdidas de cultivos, deslizamientos, afectando a miles de familias y dejando millones de dólares en pérdidas económicas.
Sin embargo el gobierno del presidente Nayib Bukele, durante este primer año de gestión, ha priorizado la realización de proyectos urbanísticos y no la firma del Acuerdo de Escazú, argumentando en cadena nacional de radio y televisión, que “Hoy por hoy, no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del Acuerdo. Pudiéramos firmarlo luego, aunque ellos (CEPAL) han puesto una fecha límite. Estoy seguro que podemos firmarlo luego si se arreglaran algunas cláusulas”.
A finales de agosto, unas 40 organizaciones enviaron una carta abierta al presidente Bukele, exhortándole a firmar el convenio sin lograr ningún resultado positivo.
Por: Eduardo Soriano.