Reportaje sobre la responsabilidad compartida del Estado salvadoreño y la constructora Global Developers en la inundación de 20 viviendas en zona de recarga hídrica.
La noche que el sueño se convirtió en pesadilla.
El sábado 10 de enero de 2026, una lluvia de intensidad moderada –no una tormenta extrema, solo una lluvia normal de enero– fue suficiente para que el agua alcanzara un metro de altura dentro de las casas del quartier 11 de Ciudad Marsella 2, en San Juan Opico, La Libertad. En minutos, 20 familias que pagaban entre $500 y $600 mensuales por sus viviendas nuevas vieron cómo el agua arrastraba sus pertenencias, estropeaba sus vehículos y dejaba en la calle a niños y personas discapacitadas.
El agua no mintió. Devolvió a la superficie lo que las autoridades y la constructora habían enterrado bajo asfalto y concreto: una zona de recarga hídrica, protegida por ley, donde nunca debió construirse.
La constructora Global Developers y la negligencia sistemática.
Global Developers S.A. de C.V., empresa desarrolladora del grupo Salazar Romero –una de las constructoras más reconocidas de El Salvador con experiencia en proyectos de más de 5,000 unidades habitacionales– no solo construyó en una zona vulnerable. Entregó viviendas habitables sin terminar las calles ni los drenajes.
Las inspecciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) revelaron que el sistema de drenaje estaba obstruido por tierra, ripio y material de construcción arrastrado por las lluvias. Pero la negligencia es más profunda: el dictamen técnico de la Gerencia de Evaluación Ambiental del MARN exigía al proyecto construir dos lagunas de laminación para controlar la escorrentía superficial y descargar controladamente hacia la quebrada La Alcantarilla. Esas lagunas nunca se construyeron.
El caudal de agua en condición natural era de 3.18 metros cúbicos por segundo. Con el desarrollo del proyecto, aumentó a 20.67 metros cúbicos por segundo –6.5 veces más– sin la mitigación requerida.
La constructora no solo ignoró las medidas de mitigación obligatorias. Presionó a las familias para que habiten viviendas sin terminar y comiencen a pagar cuotas de $500 a $600 mensuales antes de que exista un crédito formal aprobado. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, calificó esta práctica como «abusiva» y denunció que hacían firmar contratos «sin que muchas de ellas tengan plena claridad de su contenido».
El estado: De permisos ilegales a supervisión inexistente.
La responsabilidad del Estado es igual o mayor que la de la constructora. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió los permisos ambientales para construir en una zona que su propia legislación calificaba como de «máxima protección».
En enero de 2019, el MARN publicó directrices que clasificaban el terreno de Ciudad Marsella como de «máxima protección ambiental», similar a un Área Natural Protegida (ANP), prohibiendo expresamente el uso del suelo para proyectos urbanísticos y construcciones. Solo se permitía ecoturismo y agroturismo.
Pero entre 2021 y 2022, el MARN cambió la categorización a «urbanizable» en documentos oficiales. El mapa del Visualizador Geográfico de Evaluación Ambiental (Vigea), herramienta pública del MARN, mostraba la zona en verde (protegida) hasta julio de 2025. Luego, el acceso público fue restringido. Cuando la prensa intentó consultar el cambio, el MARN no respondió llamadas.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, otorgó permisos de construcción y parcelación sin verificar que la constructora cumpliera con las medidas de mitigación. La ministra Michelle Sol anunció la suspensión de permisos «hasta que se garantice el cumplimiento de todos los procesos legales», pero solo después de la inundación.
El MOP también falló: otorgó recepción de obras sin que el proyecto estuviera terminado, permitiendo que las familias habiten un complejo sin drenajes funcionales.
El marco legal: Leyes que se ignoran.
La Ley de Medio Ambiente es clara: el MARN debe identificar zonas de recarga acuífera y promover acciones para su recuperación y protección (Artículo 71). En estas zonas, se prioriza «la protección de suelos, las fuentes y corrientes de agua» (Artículo 75).
Construir en zonas de recarga hídrica está prohibido porque pone en riesgo el abastecimiento de agua potable para comunidades como Ojos de Agua, La Laguna, Concepción Quezaltepeque, Comalapa y El Carrizal.
Sin embargo, el MARN emitió 1,687 resoluciones ambientales en 2025 que dieron lugar a $2,000 millones de inversión, presentando el aumento de permisos como un «logro»
La crítica política: ¿ Por qué se autorizó?
Las diputadas de oposición Marcela Villatoro (Arena) y Claudia Ortiz (Vamos) cuestionaron directamente al Gobierno.
Villatoro criticó: «¿Por qué el Gobierno autorizó proyectos habitacionales como Ciudad Marsella en zonas naturales protegidas y áreas de captación de aguas lluvias? La inundación evidencia que la aprobación pone en riesgo la vida y patrimonio de las familias.»
Claudia Ortiz fue más allá: «¿Qué pasó con los permisos entregados y por qué se entregaron en una zona donde podía pasar este tipo de situación? Las medidas son reactivas, son como hacer el show de manejar la situación.»
Ortiz también cuestionó por qué el MARN celebra el aumento de permisos ambientales como logro, cuando esas autorizaciones ponen en riesgo a la población.
El impacto humano: familias en la incertidumbre.
Las familias afectadas no solo perdieron sus pertenencias. Confiaron en que el Estado había evaluado, autorizado y supervisado el proyecto. Esa confianza fue traicionada.
Los residentes del quartier 11 denuncian que no es la primera vez que alertaron sobre problemas de inundación, pero la constructora no tomó medidas preventivas. Durante la emergencia del sábado, Seguridad Activa y la constructora no atendieron los llamados mientras las viviendas se inundaban.
Ahora, el Gobierno ofrece opciones: devolver las casas y elegir otro proyecto, o quedarse mientras la empresa promete reparar. Pero las familias ya pagaron cuotas, muchas con créditos informales, y enfrentan la incertidumbre de no saber si volverá a inundarse.
Responsabilidad compartida: Una crisis sistémica.
La inundación en Ciudad Marsella no es un accidente aislado. Es el resultado de un sistema donde la constructora actúa con impunidad y el Estado facilita la violación de leyes ambientales.
Responsabilidad de Global Developers/Salazar Romero:
- Entregar viviendas sin terminar obras de mitigación
- No construir lagunas de laminación obligatorias
- Obstruir drenajes con residuos de construcción
- Presionar familias a habitar en condiciones inseguras
- Ignorar advertencias previas de inundaciones
Responsabilidad del Estado Salvadoreño:
- MARN: Cambiar categorización de zona protegida a urbanizable sin transparencia, restringir acceso público a información, no responder consultas periodísticas.
- Ministerio de Vivienda: Otorgar permisos sin verificar cumplimiento de mitigaciones, no supervisar proceso construcción.
- Ministerio de Obras Públicas: Permitir recepción de obras incompletas.
- Sistema institucional: Priorizar desarrollo inmobiliario sobre seguridad ambiental y habitacional.
Medidas tardías y reactivas.
El gobierno reaccionó solo después del desastre
- Inhabilitó a Global Developers «hasta nuevo aviso»
- Suspendió permisos de construcción a Salazar Romero nacionalmente
- Prohibió cobros a familias y suspendió créditos del Foondo Social para la Vivienda.
- Ordenó censo de daños y exigió resarcimiento 100% por parte de la empresa
Pero estas medidas no devuelven la confianza perdida ni reparan el daño ambiental de construir en una zona de recarga hídrica. La tierra compactada, el asfalto, las estructuras permanecen, afectando la capacidad de infiltración de agua a los acuíferos.
Cuando el desarrollo es destrucción.
La inundación en Ciudad Marsella expone una verdad incómoda: en El Salvador, el derecho a la vivienda se está usando como pretexto para violar el derecho al agua y al medio ambiente sano.
El Estado, encargado de proteger a la población, otorgó permisos ilegales en zona protegida, cambió categorizaciones sin transparencia y no supervisó a la constructora. La constructora, en busca de lucro, ignoró leyes ambientales, entregó viviendas incompletas y puso en riesgo a familias vulnerables.
El resultado: 20 familias sin hogar seguro, un acuífero en riesgo, y una lección clara: cuando el Estado y las empresas se alían contra la ley ambiental, el agua devuelve lo que nunca debió construirse.
Por: Ulises Soriano.
Fuentes: Diario Colatino, Diario El Mundo, La Prensa Gráfica, Voz Pública, Imparcial News.