El director de CRISTOSAL, Abraham Ábrego, explicó que las propuestas presentadas plantean que se destinen $7 millones, para el abordaje de las víctimas de desplazamiento forzado en el país, los cuales resultaran del incremento al impuesto de ventas de armas.
“Las vías son dos: aumentar el impuesto ad-valorem a las armas, municiones, explosivos y artículos similares. El impuesto no es regresivo y es inelástico por lo que no afecta la demanda. Además, grava directamente a bienes que perjudican la salud y la vida”, dijo Ábrego
La otra vía o alternativa propuesta por CRISTOSAL es fijar en la ley de Contribución Especial para Seguridad Ciudadana (CESC), la asignación de un 3.1664% de la recaudación de CESC.
Aseguró que con esos recursos se atendería directamente y de forma integral a más de 2 mil personas, en condición de desplazamiento forzado por violencia.
Actualmente, el Estado destina pocos recursos para atender a la población afectada por el desplazamiento forzado, a pesar de que la sentencia de la Sala de lo Constitucional fue en julio de 2018 y ésta ordenó que se le diera prioridad a la asignación de recursos, en el presupuesto de 2019, no se incluyó una partida específica para cumplir el mandato de la sentencia.
El presupuesto ejecutado de la UTE ha registrado un incremento natural de 2014 a 2018, con aumentos mayores en 2017 y 2018, aunque éstos fueron para el pago de bonos a empleados, pero en 2019 se dio una reducción del 5.5%, mientras que, en el proyecto de presupuesto de 2020, la UTE registra una menor asignación respecto de 2019 (-3.7%).
CRISTOSAL lamentó que el presupuesto 2020 disminuya las asignaciones destinadas a la Unidad de Atención a Víctimas y a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), pues se muestra la poca importancia que el Estado da a las víctimas de este flagelo.
Por:Prensa Izcanal / Verdad Digital.