Por Radio YSUCA.
Desde el conflicto armado, casi 10 mil familias desplazadas habitan en las líneas férreas.
El Decreto 289, que entró en vigor en 2018, ordenaba la legalización de las tierras para estas familias, que son de escasos recursos. A la fecha, el gobierno no les ha respondido y, más bien, ha anunciado proyectos en las líneas férreas, sin consultar con la población. Así lo dijo Daysi Cabrera, de la Mesa Nacional de Línea Férrea.
Por su parte, el abogado Cayetano Cruz dijo que la Asamblea Legislativa está creando leyes, no para garantizar vivienda a la población, sino para quitarles sus hogares. Cruz hizo énfasis en que, ahora, los afectados son los habitantes de las líneas férreas, pero después puede ser cualquier ciudadano.
Los representantes de la Mesa Nacional de Línea Férrea han manifestado que continuarán luchando por la legalización de las tierras donde han habitado por más de 30 años. Si el Gobierno no les resuelve, aseguran que seguirán manifestándose en las calles y acudirán a instancias internacionales.