El FNS considera que la pandemia ha sido mal manejada debido al abandono de algunas comunidades durante la cuarentena obligatoria, el choque entre el Ejecutivo y el resto de poderes del Estado, los casos de corrupción revelados y el colapso del sistema de salud.
El “abandono de las comunidades, la anulación de la contraloría social y los actos de corrupción» son parte de los impactos económicos y sociales de la pandemia en más familias salvadoreñas, asegura el Foro Nacional de la Salud.
Para ellos y ellas, la situación de la pandemia ha sido mal manejada debido al abandono de algunas comunidades durante la cuarentena obligatoria, el choque entre el Ejecutivo y el resto de poderes del Estado, los casos de corrupción revelados y el colapso del sistema de salud.
“Las acciones de la mayoría de funcionarios públicos dejan claro que para ellos y ellas sus intereses económicos y electorales están por encima de la salud y la vida de las personas, y denotan que los peores vicios de enriquecimiento y nepotismo siguen haciendo daño al país”, dicen en un comunicado.
Entre los indicios de corrupción en medio de la pandemia señalan los casos revelados por medios de comunicación, que retratan el uso de fondos para compras a empresas que, según las investigaciones, han favorecido a familiares, allegados e incluso funcionarios del Ejecutivo.
Otra situación que consideran preocupante es el endeudamiento del país que, a su juicio, impactará de forma negativa a la población y generará un alto costo en el sistema de salud, el cual ha visto una considerable reducción de recursos en el primer nivel de atención.
“No es cierto que mucho de este préstamo va directamente para fortalecer la red del sistema nacional de salud. Por ejemplo, de los 250 millones prestados por el BID, solo se destinó $30 millones al Hospital El Salvador. Lo más preocupante es que este endeudamiento no se ve reflejado en el cumplimiento del derecho a la salud o en el mejoramiento de la atención”, dijo Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud.
Murillo agregó que les preocupa el “desmontaje” en el primer nivel y el descuido a otras enfermedades y programas de prevención, atención en vacunación, salud sexual y reproductiva, entre otros.
“También la poca o nula provisión de equipos de protección que se les brindó al personal de salud, que se vio reflejado en la contaminación y muerte de las personas que estuvo en primera línea”, dijo.
Sobre la reapertura económica, alertan que no contar con un plan para realizarla de forma ordenada pone en riesgo de contagios a la población. Piden que se reabra el transporte público debido a que su cierre provocó graves consecuencias en la economía familiar, entre otras afectaciones.
“Hasta hace dos días que hemos empezado a escuchar sobre algunos planes para la reapertura, (pero) no están vinculados directamente al tema comunitario, y no podemos negar que, según algunos estudios de la Cámara de Comercio el 72% de las empresas son del sector informal, eso significa que estos micro empresarios deben ser tomados en cuenta en estas planificaciones”, dijo Magdalena Cortéz, directora de la Fundación Maquilishuat.
Cortéz agregó que los mercados, las ventas ambulantes y otros deben incluirse en temas como la protección de bioseguridad, luego de la reapertura económica.
“Queremos recordar que el distanciamiento no tiene que ser social, tiene que ser físico, es decir que si yo estoy por vía telefónica o por redes sociales cerca de las personas no me van a contagiar. El empatizar con la población que no tiene para subsanar los gastos de alimentación o energía eléctrica, no me va a contagiar. Lo que reproduce el virus es la cercanía de persona a persona. En las comunidades debemos hablar con mucha empatía cuando hablamos de la distancia”, dijo Cortéz.
“Nuestro llamado es para que sigamos exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos y a no dejar de realizar las medidas preventivas, sobre todo en el marco de la reapertura económica prevista para el 23 de agosto”, concluyó el Foro.
El Foro Nacional de Salud se solidarizó con las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, así como con el personal de salud y quienes siguen enfrentando la pandemia y otras enfermedades en condiciones de riesgo y sin la protección debida que el Estado debería proporcionarles.
Por: ARPAS.