Los parlamentarios de izquierda señalaron que el presidente Bukele usa una opinión de índole negativa y que se ha formado prejuicio de forma anticipada a los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa, sin el previo o debido conocimiento.
El diputado Carlos Ruíz sostuvo que los vetos de Bukele los aplica “de manera prejuiciosa”, debido a que espera que los tiempos lleguen hasta el último día de plazo, para aplazar la cuarentena.
Con esta conducta, Bukele está violando la Constitución de la República, aseguró el diputado Ruiz.
Por su parte, la diputada Yanci Urbina calificó como “reprochable” el veto presidencial a la ley de emergencia, cuarentena y reactivación económica, que acordaron y consensuaron durante seis días diputados de la Comisión Política con funcionarios y representantes del gobierno de Bukele, para avalar la ley que el gobernante envió al congreso.
“Es lamentable que cuando se ha avanzado en importante legislación para atención a la emergencia como los Decretos N° 645 y 648 que fueron elaborados de forma consensuada y consultada, el presidente mantenga la confrontación y ataques contra los órganos del Estado”, expresó la legisladora.
“Reprochable que después de 6 días consecutivos de trabajo con delegados del gobierno, que el mismo presidente autorizó para elaborar la Ley, lo que hace es desconocer y vetar una legislación de las más completas que ha generado la Asamblea”, cuestionó la diputada.
El presidente Nayib Bukele vetó por segunda vez una ley de emergencia que buscaba regular la estrategia sanitaria para el combate del coronavirus y la reapertura gradual económica tras casi tres meses de cuarentena y casi nula actividad productiva.
El secretario jurídico, Conan Castro, dijo el sábado que esta ley aprobada el 30 de mayo por el Congreso, supuestamente viola el principio a la separación de poderes, el derecho a la igualdad de los trabajadores, el derecho a la salud y la colaboración entre órganos del Estado, garantizados por la Constitución.
Precisamente Castro encabezó el equipo negociador del gobierno para la nueva ley, después de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema pidió que los dos órganos del Estado acordaran la nueva ley.
Por: Verdad Digital.