Por TeleSUR
Los pueblos originarios mayas en Guatemala reclaman la devolución de sus tierras ancestrales las cuales están en manos del Estado y particulares. Desde que inició esta travesía, 21 defensores del territorio indígena han sido capturados en Cobán.
Organizaciones de derechos humanos de Guatemala demandaron este lunes la liberación inmediata de 21 personas de la comunidad Chicoyogüito, capturadas hace una semana, en Cobán, Alta Verapaz, cuando iniciaban una manifestación pacífica, en defensa de su territorio.
os defensores del territorio indígena exigían ese día que el Estado guatemalteco les devuelva sus tierras ancestrales, de las cuales fueron despojados hace 53 años por el ejército nacional, cuando instaló la zona militar 21, donde hoy se encuentra el denominado Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Ante ello, el Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos (CALDH) emitió una alerta por agresiones a defensores de Derechos Humanos, tras haberse reportado la captura de los indígenas maya q’eqchí y exhortó a las autoridades de justicia a cumplir con plazos establecidos.
Según el CALDH, los 21 defensores fueron arrestados por el delito de usurpación agravada, mientras iniciaban una manifestación pacífica en la comunidad Chicoyogüito, Cobán, en el centro de Guatemala.
De acuerdo al CALDH, la Policía Nacional Civil hizo uso excesivo de la fuerza, lesionando a algunos de los manifestantes y violentando el derecho a la libertad de manifestación. Indica que los capturados fueron llevados al Centro Penal de Cobán sin ser escuchados por un juez competente ni siendo atendidos por las lesiones.
En virtud de ello, el CALDH exhorta a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a dar seguimiento al caso que «vulnera garantías constitucionales y además evidencia una violación a los derechos humanos de los comunitarios por parte de las autoridades».
De igual manera, solicita a las autoridades del sistema de justicia que cumplan con los plazos establecidos en la ley y realizar las diligencias pertinentes para verificar el estado de salud de los defensores.
También consideran necesario documentar las violaciones a los derechos humanos, de las cuales fueron objeto desde las detenciones hasta ahora y cabe resaltar que el actuar de la PNC y las autoridades de Cobán, evidencian una clara carga racista en el trato hacia los capturados.