Por Carlos Amaya
El Presidente Nayib Bukele anunció la media noche del jueves 10 de junio que su Gobierno presentará, ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de Ley de Aguas que desechará nuevamente las iniciativas de las comunidades organizadas, colectivos ambientales, Iglesias y academia.
En su anuncio el mandatario aseguró que la propuesta de las organizaciones “pasó más de 15 años siendo discutida en la Asamblea, sin ningún resultado”. Sin embargo, esa afirmación es engañosa, pues, aunque la legislatura anterior no aprobó la Ley General del Agua, las organizaciones habían logrado que el ente rector estuviera en manos públicas y no privadas y que se avanzara en la aprobación de 111 artículos de la normativa.
“La próxima semana enviaremos a la Asamblea Legislativa nuestra propuesta de la Ley del agua, una deuda histórica en nuestro país, que pasó más de 15 años siendo discutida en la Asamblea, sin ningún resultado”, anunció el siguiente paso de su Gobierno el presidente Nayib Bukele a través de redes sociales, muy a su estilo y a pocos minutos de iniciar la madrugada del viernes 11 de junio.
Sin embargo, aunque nosotros hemos clasificado como engañosa la afirmación del mandatario por no haberse aprobado la normativa, para el ambientalista y presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, es falsa, pues asegura que en la legislatura anterior se habían logrado importantes avances en esa materia.
“No necesitan mentir. El Presidente dijo que en 15 años no se tuvo ningún resultado. Eso es falso, totalmente falso. Se había logrado, al menos, que la derecha legislativa aceptara que el organismo rector fuera de carácter público. Se habían aprobado 100 artículos. Algo se había logrado”, dijo contundentemente.
Las declaraciones de Navarro fueron secundadas por la diputada del FMLN, Dina Argueta, quien integró la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa que discutía la propuesta anterior. “El estudio que se vino dando en el seno de la comisión, permitió que, al finalizar la legislatura, se tuvieran 111 artículos aprobados de 150 que contenía el anteproyecto de ley. Casi el 80% de la ley quedó aprobada”, declaró Argueta a nuestro medio.
La diputada Argueta agregó que el anuncio del presidente confirma que el Gobierno ya tiene una propuesta preparada, “¿pero esa propuesta con quién fue trabajada? ¿Fue trabajada con la población? ¿Con las organizaciones? ¿O fue trabajada desde un escritorio con consultorías internacionales?”, cuestionó la parlamentaria.
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro del Grupo Parlamentario de ARENA, dijo que espera que la Ley de Agua que presentará el Gobierno la próxima semana, sea consultada y trabajada no de forma express, “Porque ya sabemos que los diputados de Nuevas Ideas son pasa papeles del Gobierno de nuestro país y son pasa papeles de la presidencia y ni siquiera leen las leyes que vienen”, afirmó la legisladora al exigir un “estudio serio y responsable y no como pasó con la Ley Bitcoin”, aseguró.
Tras el anuncio, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del órgano legislativo, Sandra Martínez, respondió al mandatario que se comprometía a la “aprobación” de la normativa sin conocer antes la propuesta. El pasado 13 de mayo, Martínez, junto a sus colegas diputados de Nuevas Ideas enviaron al archivo la Ley General del Agua que nació como base del clamor popular de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña.
“No podemos analizar y discutir expedientes que benefician a pocos y excluyen a otros” se justificó ese mismo día Martínez mientras enviaban a dormir el sueño de los justos la única propuesta que involucró a los diversos sectores sociales. Para Navarro, esa es otra “mentira” de los funcionarios del Gobierno.
Las organizaciones ambientales también han reaccionado tras el anuncio del Presidente. Una de ellas es la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, quienes demandan abrir espacios de consulta con el pueblo, el contenido de la propuesta que enviará el gobierno. Asegura que hay cinco puntos que no son negociables:
- El reconocimiento del agua como un bien público
- El derecho humano al agua y el saneamiento
- La participación pública del agua con participación efectiva de la población
- La gestión sustentable de las cuencas hidrográficas
- Régimen económico y financiero justo y equitativo.
Declararon que están vigilantes ante un madrugón con la propuesta de Ley de Aguas, como se ha hecho con otras iniciativas.
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