El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, expresó la semana pasada preocupantes afirmaciones sobre el supuesto estado de las finanzas estatales: “La caja fiscal del Estado está en una crisis de proporciones inimaginables”, aseguró ; y advirtió que, de seguir así, “pronto no habrá dinero ni para pagar salarios”.
“Hacemos malabares y, mientras no se aprueben financiamientos para sustituir la caída de ingresos, es un caos”, señaló el titular de la hacienda pública, al salir de la Asamblea Legislativa tras otro diálogo infructuoso con los diputados, a quienes acusó de “falta de voluntad política” por no aprobar préstamos con la celeridad requerida por el Ejecutivo.
La situación descrita por Zelaya podría ser cierta, dados los gastos imprevistos para atender la emergencia del COVID-19 y la caída de los ingresos tributarios por la suspensión de actividades económicas durante dicha pandemia. Esto, a pesar de los cuantiosos recursos provenientes de préstamos, bonos, letes, etc.
Sin embargo, hay acciones gubernamentales que ponen en duda las afirmaciones del ministro de Hacienda: contradicciones entre el discurso y la práctica que podrían disiparse si la administración del Presidente Nayib Bukele transparentara y rindiera cuentas sobre sus ingresos y gastos.
Decimos esto porque, mientras el ministro Zelaya lamenta la falta de recursos, varias instancias estatales (MINSAL, CEPA, MAG, Defensa, ANDA, Cultura, etc.) despilfarran dinero público en bienes de lujo, compras a sobreprecio, gastos injustificados, jugosos salarios a funcionarios “ad honorem” y pautación de campañas publicitarias que podrían costar cientos de miles o millones de dólares.
Mientras el titular de finanzas advierte sobre un eventual impago de salarios a los empleados estatales, Bukele contrata cabilderos en Estados Unidos para levantar su deteriorada imagen y Casa Presidencial contrata a un ejército de comunicadores previo a las elecciones del próximo año donde el oficialismo pretende tomar “democráticamente” el Parlamento tras el fallido intento golpista del “9F”.
Por tanto, las declaraciones del ministro de Hacienda son -al menos- dudosas. Conociendo las estrategias del gobierno, podrían ser solo afirmaciones alarmistas que buscan presionar por más endeudamiento público, deuda que ya supera el 90% de la producción nacional, ha empeñado al país para las siguientes tres décadas y -a juzgar por los acuerdos iniciales con algunos acreedores- será pagada por la población consumidora y trabajadora.
Por: ARPAS.