Las organizaciones exigieron a la comisión legislativa que «haga su trabajo». “¿Qué ocurre, señores diputados, nuevamente están alargando la discusión, para que esto no les pase factura en las elecciones?”, les cuestionan.
Una alianza de organizaciones sociales emplazó hoy a la Comisión de Legislación y Constitucionales de la Asamblea Legislativa por retrasar el debate sobre la reforma constitucional que permitiría el reconocimiento del derecho al agua y saneamiento. Según denunciaron, las y los diputados aplazaron la reunión de esta semana en la que se retomarían aspectos decisivos, conforme a lo que les expresaron hace varias semanas.
“Estamos preocupados porque la reunión que estaba planteada para el pasado lunes, en la que debía llegarse a acuerdos, fue suspendida y no tenemos información”, dijo Edgardo Mira de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho Humano al Agua.
Las organizaciones han presentado una nueva propuesta técnica para que la modificación se realice al artículo 2 de la Constitución. De acuerdo con Omar Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), hay tres aspectos prioritarios para esta Alianza.
«Nosotros creemos que es importante que se incluya el saneamiento, que este derecho sea desarrollado en políticas públicas y leyes y construido con participación ciudadana. Planteamos que la administración del agua debe ser eminentemente pública y su administración sin fines de lucro”, precisó.
Las organizaciones defienden la gestión pública del agua y consideran que ésta no debe ser vista como «mercancía»; no obstante algunas fracciones legislativas no coinciden en ciertos aspectos de la propuesta de la Alianza, principalmente el partido ARENA, dijeron.
Amalia López, de la Alianza, exigió a la comisión que «haga su trabajo». “¿Qué ocurre, señores diputados, nuevamente están alargando la discusión, para que esto no les pase factura en las elecciones?” Queremos una reforma que incluya el derecho humano al agua y saneamiento», expresó.
El debate por la reforma constitucional del derecho humano al agua lleva más de una década, recordó Mahaydeé Recinos, del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) y de la Alianza por los Derechos de las Mujeres Rurales. La Asamblea ha aprobado la enmienda, pero las fracciones legislativas no han logrado acuerdos para su ratificación.
«Ya no estamos en el momento de estar escuchando los discursos o los compromisos verbales de que están en sintonía, pero los hechos nos demuestran lo contrario», señaló.
Recinos insistió en que la pandemia ha develado la urgencia de que se legisle para garantizar acceso al agua y afirmó que son las mujeres las más afectadas. «Las mujeres estamos en el espacio del trabajo del cuidado, por lo tanto necesitamos que se nos garantice agua de buena calidad y de forma permanente», demandó.
Por: ARPAS.