El sábado 3 de enero de 2026, a las 2:00 de la mañana, hora de Venezuela, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación sin precedentes en la historia reciente de América Latina: violaron el espacio aéreo de un país soberano, atacaron instalaciones militares en Caracas y estados fronterizos, y capturaron al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores. Maduro fue trasladado a territorio estadounidense, donde enfrentaría juicio en Nueva York por acusaciones de narcotráfico y terrorismo.
En 48 horas, Venezuela pasaría de un régimen personalista de 27 años a un gobierno sin presidente, bajo «ausencia forzada», controlado por una mujer que nadie había elegido para presidir, tutelado por Washington.
El lunes 5 de enero, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años, abogada, diplomática, mano derecha de Maduro durante ocho años, juró como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela ante una Asamblea Nacional donde su hermano, Jorge Rodríguez, preside la mayoría parlamentaria.
Fue el primer momento de Delcy Rodríguez como jefa de Estado. Pero no el primero donde ejercía poder en las sombras.
La mano derecha que se convierte en cabeza.
Delcy Rodríguez no es una improvisación política. Es la criatura del chavismo. Bajo Hugo Chávez fue funcionaria confiable. Bajo Nicolás Maduro, desde 2013, consolidó poder en posiciones estratégicas: Ministra de Exteriores (diplomacia global), Presidenta de la Asamblea Constituyente en 2017 (desautorizó al Parlamento electo), Vicepresidenta Ejecutiva desde 2018 (control sobre SEBIN, la agencia de inteligencia), Ministra de Hidrocarburos desde agosto 2024 (control sobre petróleo, la economía real de Venezuela).
La describe como «gran operadora», «con influencia sobre el Ministerio de Defensa» — lo cual es crucial en crisis militar. Su hermano, Jorge Rodríguez, mantiene la presidencia de la Asamblea Nacional con mayoría chavista abrumadora. La familia Rodríguez controla la presidencia, el parlamento, la inteligencia, y el petróleo. Todo simultáneamente.
Pero Delcy no toma el poder sola. Está supervisada.
La tutela de Trump, un gobierno controlado a distancia.
Horas después de la captura de Maduro, Donald Trump hizo declaraciones públicas que revelan el acuerdo de facto. «Están en contacto directo conmigo y con Marco Rubio (Secretario de Estado)», reveló Trump. Luego añadió con claridad: «EEUU gobernará Venezuela hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata».
Lo que Trump no dijo, pero la lógica política devela, es que gobernaría a través de Delcy Rodríguez. Trump continuó: «Ella está dispuesta a llevar a cabo lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo. No tiene más opción.»
Dos días después, Trump intensificó el mensaje. En declaraciones a «The Atlantic», amenazó directamente: «Si Rodríguez no actúa correctamente, pagará un precio muy, probablemente mayor que el de Maduro».
Las amenazas no son sutiles. Son control político explícito.
Delcy mantiene una línea telefónica directa con el secretario de Estado estadounidense. Cada decisión que tome como presidenta será supervisada por Washington. Su permanencia en el cargo dependerá de «jugar según las reglas de Trump», como lo expresaron funcionarios estadounidenses. Si se rehúsa, enfrenta captura personal.
La ficción constitucional: ausencia forzada vs. falta absoluta.
Para legitimar este traspaso de poder sin precedentes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una resolución desconcertante: declaró que Nicolás Maduro está en «ausencia forzada», no en «falta absoluta». Esta distinción es constitucional, pero parece ser un tecnicismo legal para evitar lo inevitable.
La Constitución de Venezuela establece dos escenarios:
- Falta temporal: El vicepresidente asume por 90 días, prorrogables otros 90 por la Asamblea.
- Falta absoluta: El vicepresidente asume por 30 días, luego hay elecciones dentro de 30 días.
Al TSJ clasificar la captura de Maduro como «ausencia forzada» —una categoría que la Constitución no contempla literalmente—, evitó la obligación legal de convocar elecciones rápidas. Delcy Rodríguez puede gobernar hasta 180 días sin pasar por comicios, siempre que la Asamblea Nacional (controlada 95.8% por chavismo) lo autorice cada 90 días.
El tecnicismo legal deviene en represión democrática. Nadie eligió a Delcy. No hubo siquiera un debate abierto sobre quién debería asumir. El Tribunal Supremo lo ordenó. La Asamblea lo avaló sin voto de oposición (12 diputados de verdadera oposición entre 258). Las Fuerzas Armadas lo respaldaron. Fue decisión de facto de una elite que decidió su propio destino.
La paradoja: rechazo a E.E.U.U. y luego implementación de políticas estadounidenses.
Delcy Rodríguez pronunció un discurso contradictorio ante la Asamblea Nacional. «Vengo con dolor por el sufrimiento del pueblo venezolano luego de una agresión contra nuestra patria, por el secuestro de nuestros héroes, el presidente Nicolás Maduro y nuestra combatiente Cilia Flores», expresó.
Luego juró «por Maduro», como si el presidente siguiera siendo su jefe, aunque se encuentra preso en Nueva York.
«Jamás volveremos a ser esclavos, a ser colonia de ningún imperio», insistió.
Pero al mismo tiempo, Delcy negocia directamente con Washington las «reglas de juego» que seguirá. Y Trump advierte que si no las sigue, enfrentará represalias personales.
Esta es la realidad del gobierno de Delcy Rodríguez: rechaza la intervención estadounidense en el discurso público, pero la acepta y la implementa en la práctica.
La única opositora significativa, Corina Machado, capturó esta contradicción. Primero tuiteó que estaba «preparada para asumir el poder». Luego, tras ver que Washington elegía a Delcy sobre ella, cambió el mensaje: agradeció a Trump «su firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley». La oposición fue marginada del proceso. No negoció, fue desplazada.
El estado de excepción como herramienta de represión silenciosa.
Desde el sábado 3 de enero, Venezuela está bajo «Estado de Excepción por Conmoción Exterior». La medida fue decretada por Maduro antes de su captura, activada por Delcy durante el Consejo de Defensa de la Nación.
Los detalles de este estado de excepción no han sido informados públicamente. Solo han filtrado en la Gaceta Oficial (periódico oficial) sin conferencia de prensa, sin explicación, sin debate parlamentario.
Lo que sí se ha documentado es su aplicación: puestos de control policial con oficiales encapuchados patrullando las calles el lunes 5 de enero. Personas interrogadas sin identificación clara de quiénes son. Represión silenciosa, sin rostro, sin rendición de cuentas.
El estado de excepción es un mecanismo de represión disfrazado de normalidad institucional, similar a lo que ocurre en El Salvador.
La ilusión de continuidad, todo cambia pero nada cambia.
Observadores políticos han captado la ironía: «Todo cambia, pero nada cambia». La ceremonia de juramentación de Delcy fue simultánea con la inauguración de una nueva Asamblea Nacional, elegida en mayo 2025 bajo acusaciones masivas de fraude. Solo 12 diputados de oposición real entre 258.
El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, permaneció en el hemiciclo como diputado, sosteniendo la Constitución durante el juramento de Delcy. La dinastía chavista continúa, solo que sin Nicolás Maduro en la cúspide.
Mientras Maduro comparecía por primera vez ante un juez federal en Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico, declarando «Soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y estoy aquí secuestrado», Delcy ejercía sus poderes presidenciales desde Caracas, exigiendo su liberación mientras cumplía órdenes de Washington.
El teatro político camufla una realidad brutal: Delcy es presidenta de facto, controlada por Trump, respaldada por una Asamblea elegida fraudulentamente, manteniendo estado de excepción, cercada por oficiales encapuchados.
Preguntas sin respuesta.
La Constitución es ambigua sobre los tiempos. Formalmente, Delcy puede gobernar 90 días, prorrogables otros 90. Pero el TSJ no especificó esos plazos. La duración dependerá de decisiones políticas, no legales. De Washington, principalmente.
¿Qué sucede después? ¿Elecciones? ¿Otra prórroga? ¿Integración de la oposición? Todo es incógnita porque todo depende de los acuerdos entre Delcy y Trump, que se negocian en llamadas telefónicas privadas.
Lo que sí es cierto: Venezuela ha pasado de un régimen autoritario concentrado en un hombre (Maduro) a un régimen autoritario concentrado en una estructura (familia Rodríguez) tutelado por potencia extranjera (EE.UU.). La soberanía política está suspendida.
Delcy Rodríguez es presidenta de Venezuela. Técnicamente es constitucional. Prácticamente es de facto. Políticamente es ilegítima.
No fue elegida. Fue designada. No negoció con la ciudadanía. Fue impuesta por una elite que decidió su propio relevo. No actúa con libertad. Obedece órdenes de Washington. Y si desobedece, enfrenta consecuencias personales severas.
Mientras tanto, el pueblo venezolano despierta en un país donde:
- La presidencia existe, pero depende de llamadas telefónicas a Nueva York
- El parlamento existe, pero es teatro sin poder
- La oposición existe, pero fue marginada del proceso
- Las leyes existen, pero el Estado de Excepción las suspende
- Todo tiene apariencia de normalidad institucional, pero la realidad es crisis permanente
Maduro está en una prisión federal estadounidense. Delcy está en Miraflores bajo tutela estadounidense. Venezuela está entre dos capturas: la literal de un hombre, la política de una nación.
La pregunta que nadie responde es: ¿hasta cuándo?
Fuentes: RTVE, BBC Mundo, CNN Español, El País, Expansión, DW, Reuters, Wikipedia, Euronews; Documentos: Tribunal Supremo Venezuela, Constitución Venezuela Arts. 233-234; Declaraciones: Donald Trump, Marco Rubio, Delcy Rodríguez, Corina Machado.
Por: Prensa Izcanal.
