Comunidades indígenas de Sonsonate rechazaron, una vez más, la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Sensunapán. En este afluente ya están instaladas siete represas. Además, piden a la PDDH emitir medidas cautelares para detener la consulta de la empresa, que ha sido permitida por el Ministerio de Medio Ambiente.
En alerta se encuentran comunidades de Nahuizalco, Sonzacate y Sonsonate, municipios que atraviesa el Río Sensunapán, debido a que en este afluente se pretender instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico propiedad de la empresa Sensunapán S.A. de C. V.
En este río ya están construidas siete represas más, lo que preocupa a habitantes de la zona pues, el nuevo proyecto impactaría gravemente en el acceso al agua para las comunidades y afectaría el ecosistema, flora y fauna de la zona.
El líder indígena, Francisco Pulke, del cantón Sisimitepet de Nahuizalco, señaló que la construcción de la hidroeléctrica destruiría sitios considerados sagrados para las comunidades originarias, entre éstos, el “Lugar de los encuentros”, la “Periquera”, poza “el Jabillo”, poza “El remolino”, “Paso hondo”, poza “El copinol” y un altar ancestral.
La octava no va más” es el lema con el que las comunidades han defendido el río y expresado su rechazo al proyecto Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II.
Pese a que en el año 2012 las comunidades ya había rechazado la construcción de la represa, con el gobierno de Nayib Bukele, la empresa solicitó y obtuvo, de nuevo, el permiso para realizar la consulta pública.
La lidereza de Nahuizalco, Sofía Morán, expresó que las comunidades exigen al ministro de Medio, Fernando López, que ”por favor respete ese acuerdo. Pedimos que se haga estudios, porque el río no aguanta una represa más”.
Según el estudio de impacto ambiental, publicado en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la empresa Sensunapán S.A. de C.V., asegura que “este proyecto además de desarrollar la generación de energía eléctrica limpia y renovable, promoverá actividades de desarrollo comunitario, conjuntamente a las que ya se realizan en la actualidad, de manera de potencializar el emprendedurismo rural y el mejoramiento del entorno relacionado a la protección de los recursos naturales de los municipios de Nahuizalco y Sonsonate”.
“La mayor parte de la población afectada son pueblos indígenas”, señaló Salvador Recinos, técnico territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), organización que acompaña a las comunidades en su denuncia.
Además, expresó que -pese a que el Estado no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas-, este “establece la obligación de los Estados de cumplir con procesos de consulta libre, previa e informada como derechos inalienables de comunidades originarias”.
Manifestó que piden al Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, emitir medidas cautelares correspondientes al proceso de consulta.
Estas declaraciones se dieron en el marco de un plantón realizado por comunidades de Nahuizalco frente al Ministerio de Medio Ambiente, quienes reiteraron que se mantendrán vigilantes de la situación y en defensa del río Sensunapán.
Por: ARPAS.