La reciente comparecencia de Félix Ulloa en Casa América, Madrid, no fue una simple actualización diplomática; fue un ejercicio de mercadotecnia política destinado a vender el «Nuevo El Salvador» como un producto de consumo para la inversión extranjera. El vicepresidente salvadoreño —otrora un respetado doctor cum laude por la Universidad Complutense y referente académico del derecho— desplegó una narrativa donde el «milagro de seguridad» actúa como el activo principal para seducir a gigantes como el Grupo Barceló o Iberia. Sin embargo, para el observador crítico, la visita subrayó una disonancia perturbadora: el arquitecto de la modernización democrática del país se ha convertido en el principal operario de una «alquimia jurídica» diseñada para transmutar la excepción constitucional en norma permanente, desplazando los pilares del debido proceso en favor de una eficacia operativa validada por el mercado.
La entradilla del discurso de Ulloa es tan seductora como peligrosa: la legitimidad del Régimen de Excepción no emana de su apego a la Carta Magna, sino de un respaldo popular que él mismo cifra en un 96% —citando irónicamente encuestas de «periódicos de oposición» para blindar el dato—. Bajo esta premisa, la voluntad de la mayoría se convierte en una fuente de derecho superior a las garantías individuales. Esta postura marca un punto de inflexión estratégico donde la popularidad otorga una licencia de demolición sobre las salvaguardas institucionales, estableciendo que el costo legal del ciudadano común es un precio razonable a cambio de la paz pública.
El «Milagro de la Seguridad» y la Gimnasia Constitucional.
El uso sistemático del término «milagro» por parte de la administración Bukele funciona como un blindaje moral. Al elevar los resultados de seguridad a la categoría de lo divino o lo indiscutible, cualquier cuestionamiento técnico o legal es tildado de sacrilegio o complicidad con el crimen. Ulloa utiliza esta narrativa para justificar lo que en términos estrictos es una suspensión selectiva de la ciudadanía, minimizando el impacto de las medidas al calificarlas como de carácter «personal y para efecto judicial».
En su afán por deconstruir lo que llama «tergiversaciones» de medios internacionales como France 24 —a quienes amenazó explícitamente con acciones legales por «dañar al país»—, Ulloa admitió la suspensión de dos pilares fundamentales:
- Detención administrativa extendida: El plazo constitucional de 72 horas para presentar a un detenido ante un juez se ha dilatado a 15 días. Ulloa justifica esta medida por la incapacidad del sistema procesal previo para recolectar evidencia, admitiendo implícitamente que la captura precede a la investigación.
- Inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones: Se permite la intervención de dispositivos y comunicaciones privadas sin control judicial previo bajo la presunción de vinculación a estructuras criminales.
Esta «gimnasia constitucional» pretende convencer a la comunidad internacional de que las libertades públicas están intactas porque «la gente puede salir de noche», ignorando que la seguridad jurídica es la primera víctima cuando la privacidad y la libertad personal quedan al arbitrio de la discrecionalidad policial.
«El Fin Justifica los Medios»: La Nueva Arquitectura del Castigo.
La desarticulación de la responsabilidad penal individual representa el ataque más frontal al derecho moderno. Ulloa defiende una «nueva arquitectura jurídica» que abandona el principio personalísimo de la pena para abrazar procesos colectivos contra «clicas» o estructuras completas. En esta visión, el individuo se diluye en la organización terrorista, permitiendo juicios masivos que son el sueño de un autócrata y la pesadilla de un garantista.
| Dogma Clásico del Derecho Penal | Modelo Ulloa (Nueva Arquitectura) |
| Responsabilidad Personalísima: El individuo responde únicamente por sus actos probados. | Juicios Masivos: Procesamiento de estructuras de hasta 800 personas simultáneamente. |
| Pena Proporcional y Límite de 30 años: Techo constitucional para la privación de libertad. | Acumulación de Penas (Efecto Terrorista): Condenas de hasta 600 años mediante sumatoria. |
| Debido Proceso: La inocencia se presume; la captura requiere indicios sólidos. | Captura Masiva: El error es tolerable; el Estado provee «300 defensores» para los 100,000 detenidos. |
Nota: Esta arquitectura se apoya en una sentencia de la Sala de lo Constitucional impuesta, que redefine a las pandillas como terroristas para evadir el límite constitucional de 30 años de prisión, permitiendo acumular décadas por cada homicidio de la estructura.
La contradicción más flagrante surge cuando Ulloa admite que 8,000 personas han sido liberadas tras meses de encierro injustificado. Mientras él lo presenta como una prueba de «eficiencia judicial» con un supuesto margen de éxito del 92%, un analista constitucional ve un fracaso sistémico: 8,000 vidas destruidas por capturas arbitrarias que demuestran que, en el modelo salvadoreño, el sistema primero encarcela y luego, si hay suerte, pregunta.
La Minimización de la Crisis: El Escudo de la Cruz Roja.
Para mantener la hegemonía del relato, Ulloa despliega una retórica de desacreditación contra cualquier fuente de fiscalización externa. Las ONGs son reducidas a «opinólogos» que forman parte del «1.8% de oposición», y los periodistas críticos, especialmente los de El Faro, son acusados de «negociar con la violencia» y de cometer «delitos de omisión» por documentar la realidad de las pandillas.
Ante las denuncias de muertes en centros penales, la respuesta de Ulloa es de un cinismo escalofriante: «la gente se muere en todas partes». Para desviar las acusaciones de tortura, utiliza al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como su único validador legítimo, aprovechando cínicamente que el protocolo de dicha institución le impide realizar denuncias públicas. Es el uso de una institución humanitaria como escudo de silencio para neutralizar los informes de tortura y violaciones sistemáticas que la prensa independiente sí se atreve a publicar.
Del «Candado» al «Do ut des»: La Reelección como Pacto Mercantil.
La evolución de Ulloa es el testimonio del desmantelamiento de la alternancia democrática. De ser un férreo opositor a la reelección, ha pasado a justificarla mediante el concepto de «Do ut des» (te doy para que me des). En este pacto extra-constitucional, el pueblo otorga el poder absoluto a cambio de seguridad, sustituyendo la norma jurídica por una transacción política de resultados.
Ulloa detalló con precisión quirúrgica el proceso de demolición de los «candados» del Artículo 152:
- Segundo Mandato: Justificado mediante la interpretación de retirarse seis meses antes de la toma de posesión.
- Tercer Mandato y Reelección Continua: Facilitada por la reforma de la Asamblea Legislativa que eliminó definitivamente las restricciones temporales.
Al afirmar que no presentarse a un tercer mandato sería «defraudar al pueblo», Ulloa eleva la popularidad a la categoría de dogma supremo, dejando claro que para el actual régimen salvadoreño, la Constitución no es una brújula, sino un obstáculo que se reforma o se interpreta según el capricho del soberano.
La Normalización de la Ruptura.
El modelo salvadoreño propone una dicotomía falsa: seguridad o derechos. Al consolidar un sistema donde la «Bukele-manía» criminaliza el periodismo y etiqueta la fiscalización internacional como enemiga del Estado, El Salvador está normalizando la ruptura del orden democrático en nombre de la eficacia.
El peligro reside en que este «milagro», financiado con la esperanza de un pueblo harto de la violencia, se está construyendo sobre los cimientos de un autoritarismo legitimado por las urnas. Cuando la seguridad depende de la voluntad de un solo hombre y no de la solidez de las leyes, el milagro corre el riesgo de convertirse en un espejismo, dejando tras de sí un Estado donde el derecho ha sido devorado por la retórica del poder. Al final, un país donde se puede caminar tranquilo por las calles, pero donde no se puede disentir sin temor a la cárcel, no ha alcanzado la paz, sino una tregua vigilada bajo los escombros de la Constitución.
Por: Prensa Izcanal.