El presupuesto estatal para el año 2021 será el principal “caballito de batalla” del oficialismo (GANA-Nuevas Ideas) para los comicios legislativos y municipales del próximo del 28 de febrero.
El Ejecutivo -a través del Ministerio de Hacienda- ha presentado a la Asamblea Legislativa un presupuesto con una desfinanciamiento de 1,342 millones de dólares que pretende cubrir con más endeudamiento, el cual representará el 92% del Producto Interno Bruto (PIB) al terminar este año, según advierte el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
La propuesta, además, se basa en datos poco realistas sobre proyecciones de crecimiento económico y de recaudación tributaria difíciles de alcanzar en medio de la crisis que se sentirá más fuerte el próximo año, dada la pérdida de empleos y la caída de las remesas durante la pandemia. Los 450 millones adicionales en IVA sólo podrían lograrse subiendo este impuesto regresivo del 13% al 16% o combatiendo en serio la evasión con medidas distintas al show semanal del ministro Alejandro Zelaya en la Fiscalía.
Un parlamento responsable no aprobaría un presupuesto con estas características, por lo que el objetivo real de Nayib Bukele probablemente sea que los diputados no lo aprueben y -entonces- acusarlos de bloquear “el histórico presupuesto que nunca había incrementado fondos para salud y educación”. Así, el presidente tendría servido su guión electoral para “pedir al pueblo” “otra Asamblea Legislativa” que apruebe “el presupuesto que el país necesita”.
Frente a esto se corre el riesgo de que los diputados -para evitar un mayor costo electoral- decidan aprobarlo tal como está, y eso traería graves consecuencias para el país: mayor deuda, incremento de IVA y otras medidas de ajuste fiscal con sesgo neoliberal, algunas de las cuales ya fueron pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el convenio de un préstamo de $390 millones.
Ante esta disyuntiva de un presidente apostando por la no aprobación del presupuesto (para arreciar su campaña proselitista contra la oposición legislativa) y unos diputados probablemente dispuestos a aprobarlo a fin de truncar el referido guión propagandístico, lo sensato es sacar el debate sobre el presupuesto 2021 de la perversa lógica electoral y de la mezquina disputa Ejecutivo-Asamblea.
La ciudadanía debe exigir a la Asamblea la creación de un espacio de “Diálogo nacional sobre el presupuesto”, facilitada por las Naciones Unidas y que permita la participación de todos los sectores sociales, gremiales, académicos, etc. El presupuesto público no puede limitarse a una discusión del presidente y los diputados, sino que debe ser parte de un debate amplio, abierto, transparente, participativo, bienintencionado y orientado a resolver los problemas estructurales que afectan a la gente.
En este diálogo social deben revisarse el plan de gastos y el financiamiento, así como los necesarios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. De ahí debe salir el dictamen favorable del presupuesto estatal 2021, y no de los cálculos electorales de Bukele o de los diputados.
Por: ARPAS.