En las últimas semanas, diversas comunidades del oriente de El Salvador han manifestado su preocupación por una serie de destituciones de docentes que, según denuncias de padres y madres de familia, se han llevado a cabo sin un debido proceso ni justificación oficial clara.
Uno de los casos más emblemáticos ha ocurrido en el Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios, ubicado en Ciudad Barrios, San Miguel. Allí, los padres y madres de familia del Primer Grado Sección «A» han solicitado la revisión inmediata de la destitución de una docente interina que estaba a cargo de 30 estudiantes en una etapa clave de su desarrollo académico y emocional.
En una carta dirigida al Ministerio de Educación y al Director Departamental, Lic. Manuel Dolores Rodríguez Nativi, las familias expresan su preocupación por la falta de transparencia en el proceso, las amenazas verbales contra quienes defienden a la maestra y el impacto que esta situación tiene sobre la estabilidad emocional y educativa de los niños y niñas. «La docente ha trabajado con entrega, profesionalismo y gran cercanía con los niños, generando avances notables en su aprendizaje, especialmente en lectoescritura y valores», señala la comunicación.
El despido, según se les informó a los padres, responde a que la docente «no es de la especialidad». Sin embargo, las familias argumentan que la profesional posee experiencia comprobada en educación de primera infancia y que su desempeño ha sido satisfactorio, por lo que debería prevalecer el criterio de idoneidad, tal como lo establece la Ley de la Carrera Docente.
Además, preocupa una declaración atribuida al director departamental, quien habría afirmado que «si los padres hacen alboroto en redes sociales, la afectada será la maestra». Esta afirmación ha sido calificada como intimidante y contraria al derecho a la libertad de expresión y participación ciudadana.
El artículo 5 de la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia establece que toda decisión institucional debe atender al interés superior de la niñez, garantizando su desarrollo integral en condiciones de libertad, dignidad y respeto.
Los casos de despidos injustificados en el oriente del país se suman a un clima de creciente preocupación por la situación de los derechos laborales del personal docente, la calidad de la educación y la autonomía de las comunidades educativas.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han comenzado a dar seguimiento a estos casos. Mientras tanto, las familias del centro escolar en Ciudad Barrios continúan a la espera de una respuesta oficial que restituya el derecho a una educación estable, continua y de calidad para sus hijos e hijas.
Por: Prensa Izcanal.